No es un insulto.
Es un veredicto ciudadano.
Ya saquearon todo.
No una parte.
Todo.
Bolivia vivió, como nunca antes en su historia, un ciclo excepcional de ingresos por los precios del gas, de las materias primas y por condiciones internacionales favorables. Era la oportunidad de sentar bases, de forjar un futuro de bienestar colectivo, de construir el país que siempre soñamos. ¿Qué hicieron? Lo dilapidaron con voracidad y cinismo. El despilfarro fue obsceno, pero el daño es duradero.
Ya destrozaron la institucionalidad.
No fue un accidente, fue un plan.
La Constitución no solo fue un decorado que rompieron cuando les convino; fue el instrumento más ambicioso para dividir al país, fragmentarlo en identidades funcionales al poder y blindar un modelo estatista, concentrador y excluyente. Bajo el discurso de reivindicación social, sembraron la discordia; bajo la retórica de derechos, consolidaron el control. El Estado dejó de ser un marco común y pasó a ser una trinchera ideológica.
Ya pervirtieron la administración de justicia hasta niveles de vergüenza continental. Jueces y fiscales convertidos en sicarios políticos, con procesos armados y sentencias dictadas por consigna. La ley dejó de ser justa y pasó a ser arma de persecución política. No hay república posible cuando la justicia se alquila y el miedo reemplaza al derecho.
Ya destruyeron el sistema de representación política. Los partidos fueron reducidos a sellos, el Parlamento a una escribanía sumisa y la deliberación democrática a una farsa coreografiada con disfraces multicolores. La política dejó de ser servicio público y se transformó en oficio rentable para mediocres disciplinados.
Y como si eso no alcanzara, prostituyeron los fines de sindicatos y organizaciones gremiales y sociales, que dejaron de defender a los trabajadores para defender al poder. Dirigentes eternizados, privilegiados, con salarios que jamás ganaron produciendo, hablando en nombre del “pueblo” mientras viven de espaldas a él.
La corrupción fue sistémica.
No se dio en episodios aislados; fue un método de gobierno.
El Banco Central convertido en caja chica.
El Fondo Indígena saqueado sin pudor.
Empresas públicas usadas como botines políticos.
Contratos amañados, sobreprecios, elefantes blancos, obras inútiles financiadas con deuda y mentira.
Y el colofón más grave: la depravación total del Estado y su rendición ante las mafias.
El narcotráfico infiltrando territorios y estructuras de poder.
La minería ilegal y el oro manchado devastando ríos y comunidades.
La invasión organizada de tierras como negocio y mecanismo de control político.
El contrabando y la informalidad criminal convertidos en sistema.
Todo eso ocurrió mientras hablaban de justicia social.
Todo eso ocurrió mientras se llenaban la boca con el “pueblo”.
Hoy, después de haber saqueado, dividido y degradado el país, pretenden seguir hablando en su nombre. Se oponen a medidas económicas inevitables no por convicción, sino por sabotaje. No buscan soluciones; buscan caos. No les interesa Bolivia; les interesa el poder, aunque sea desde la obstrucción, incluso aunque deban dinamitar al propio gobierno desde dentro, con aliados ataviados de ambición y disfrazados según la ocasión.
Basta.
Basta de impostura.
Basta de parásitos del Estado que jamás produjeron nada.
Basta de políticos y dirigentes enriquecidos hablando en nombre de pobres que dejaron más pobres.
Basta de usar al pueblo como coartada y a la ideología como parapeto, como excusa para el abuso.
No son el pueblo.
Lo exprimieron.
Y el país ya no les debe silencio.
Les debe memoria.
Y la memoria —cuando es lúcida y persistente— termina pasando factura.
No sigan abusando de la paciencia del pueblo. Tiene límites.
(*) Johnny Nogales Viruez es abogado y analista político
