El número 5503 ya es cabalístico, es de la emergencia. Con este decreto, el poder ejecutivo asume poderes y encarpeta todas las normas que rigen la vida ciudadana, incluso las de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
La única emergencia de fondo es la escasez de dólares y en ese sentido, la solución racional es que se debiera obligar a los exportadores a su entrega. Así, la economía boliviana podría disponer en forma permanente de 10.000 millones de dólares cada año y no verse obligado a mendigar créditos por la tercera parte de este monto.
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Es cierto que la riqueza viene de la producción, hay que incentivarla, pero en el marco de una economía nacional, es decir endógena y no para alimentar otros intereses. Estos incentivos Bolivia los ha vivido últimamente; el gobierno de Arce dispuso IVA cero para la importación de bienes de capital; de esta manera en el periodo 2021-24 el “sacrificio fiscal fue de 1.472 millones de bolivianos” a favor de los agrícolas-agroindustriales con 48%, y la minería, con un 10%. Regionalmente Santa Cruz concentró el 64% del valor, pero, además, se beneficiaron con la subvención de los hidrocarburos y la adquisición de fertilizantes bolivianos. A pesar de ello, la economía no mejoró porque no entregaron los dólares.
Estamos de acuerdo que la subvención de hidrocarburos es un incordio, pero también lo es el hecho que las empresas estatales, YPFB y COMIBOL, sigan cargando el peso de la subvención cuando el Banco Central les compra las divisas a un tipo de cambio oficial —Bs 6,96—, incurriendo en una nueva subvención para la compra en el exterior de hidrocarburos. Resultando así que la gasolina subvencionada llegaba al precio de 0,50 dólares, pero con el nuevo precio llega a 1,02 dólares, siendo el precio internacional de la gasolina de 1 dólar; pero si utilizamos el precio paralelo, la gasolina costará menos de un dólar. Así el efecto de la subida del precio puede evitar el contrabando, pero no deja de mantenerse la subvención con un dólar devaluado.
Siempre que no haya subvención, el interés de los exportadores es la devaluación. En los hechos la moneda nacional ya está devaluada, el cambio oficial sólo se aplica para la compra de divisas de las empresas estatales y problemas contables, donde se inflan los patrimonios. Es pues necesario un sinceramiento del tipo de cambio, pero paralelamente se debe controlar el comercio exterior, para que los dólares no fluyan al mercado negro que distorsiona cualquier política.
Por otro lado, este gobierno y los anteriores han recurrido a préstamos en divisas internacionales; el problema surgirá cuando llegue la hora de pagar la deuda y se requerirá divisas, que no los tiene el Banco Central, mientras se mantenga un tipo de cambio nada atractivo. El país necesita de un permanente ingreso de divisas y esto sólo se puede dar imponiendo la obligatoriedad de su entrega. Así el pueblo aplaudirá las exportaciones, lo contrario se trata de fuga de divisas.
Por otro lado, el mantener un dólar devaluado, afecta a las regiones, por cuanto al devolver las regalías en bolivianos a gobernaciones y alcaldías, se utiliza el tipo de cambio oficial, que llegó a tener la mitad de valor del dólar del mercado paralelo; por lo tanto, pierde su poder adquisitivo; el daño está a la vista y no se dice nada.
Hay un artículo del decreto supremo referido a la alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades; el concepto surgió por la subida de los precios de los minerales, que sobrepasaron los límites máximos de la tabla de regalías, que en el caso del oro es de $us 700 y del estaño $us 5, cuando los precios actuales sobrepasan los $us 4.000 en el caso del oro y los $us 17 en el del estaño. Una forma de aprovechar esta racha fue este impuesto a las altas cotizaciones, del 12,5%. La medida no funcionó sino en contados casos, ya que las cooperativas no pagan el Impuesto a las Utilidades y muchas empresas se transformaron en cooperativas. A esta altura es mejor modificar la tabla de pago de regalías a los precios actuales.
Los recursos naturales son el capital inicial de nuestro desarrollo, debemos defenderlos con una política monetaria y tributaria que aliente su industrialización. Y los exportadores, altamente favorecidos con el decreto y la política del gobierno, deben poner su parte para mejorar la economía.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
