En el todavía flamante edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tomó posesión el presidente Rodrigo Paz Pereira, el escenario, presidido por la tricolor, la wiphala y la flor de patujú. Las amplias instalaciones cobijaron a una multitud de delegaciones del interior y del exterior del país. Un ambiente espléndido.
Así tenemos al tercer presidente del Estado Plurinacional. La historia es un devenir de los hechos, donde, más allá de los propósitos, éstos se modelan y acondicionan a las circunstancias y necesidades del momento.
En la posesión del gabinete, la falta de nominación del ministro(a) de minería causó extrañeza, ya que se dice que es un sector estratégico para salir de la crisis. Ante la duda, ensayemos unas premisas.
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Se ha dicho que se unificaría los ministerios de minería e hidrocarburos, nada nuevo: Lechín y Marcelo Quiroga ejercieron la titularidad de ese conjunto. Lo importante es ¿qué se hace? En definitiva, un ministerio da líneas políticas y normas del sector: si hay un patrón en cuanto a la utilización y el destino de los recursos naturales no renovables, se puede aplicar para ambos sectores; pero si la política es diferencial por problemas técnicos y operativos, merece marcar la diferencia. La actual política enmarcada en la Constitución delinea que los yacimientos de hidrocarburos son de propiedad de Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos (YPFB), los que tienen que ser administrados directamente por la empresa o en contratos de asociación con una participación mayoritaria del Estado. En el caso de minería, las áreas comprometidas para la explotación por el Estado son las conferidas a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), por nacionalización de las minas o la suscripción de contratos mineros; el resto del cuadriculado minero está a disposición del sector privado y cooperativista, los que tienen que firmar contratos administrativos mineros para su operación y pagar los impuestos normados por ley. Los contratos de recursos naturales deben ser respaldados por una ley aprobada por la ALP, verdadera seguridad jurídica.
Por lo expuesto se ve la complejidad del problema en la parte normativa. Si se trata de aprovechar la coyuntura -precios altos- y salir de la emergencia de la falta de combustibles, es mejor partir de lo que se tiene. En el caso de hidrocarburos hay que liberar a YPFB de la obligación de provisión de combustibles subvencionados, particularmente al sector exportador; poner en marcha toda la infraestructura productiva hoy paralizada: oleoductos, refinerías y plantas industriales; igualmente se debe exigir el cumplimiento de los contratos de operación suscritos con empresas extranjeras para la producción de hidrocarburos. El modelo plurinacional da un rol productivo y de fiscalización a la empresa estatal, pero ésta aún no ha recuperado sus capacidades productivas, técnicas y financieras para cumplir este rol.
En el caso de la minería no ha habido la voluntad política para migrar las concesiones mineras a contratos administrativos, tal como se estipula en la Constitución. Los interesas particulares, la enorme cantidad de operaciones, han hecho que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera no cumpla con su rol de viabilizar los contratos, muy pocos han pasado a la consideración de la ALP. Esta lenidad no puede llevar a su cierre, al contrario, hay que fortalecerla, ante todo con respaldo político para una gestión transparente y eficiente.
La COMIBOL no se ha despojado de su lastre de ser adjudicadora de contratos, cuando su función es operar los yacimientos que le ha dado el Estado. Hasta hoy no dirige sus empresas subsidiarias, que son autónomas. Con esa autonomía han logrado hacer grandes inversiones que por una serie de circunstancias no han dado resultados; es necesario recuperar esta capacidad productiva y así podría duplicarse su producción. Con poca inversión y tiempo corto se puede poner en funcionamiento la planta de plomo y plata de Karachipampa y las plantas hidrometalúrgicas para el zinc y la plata, teniendo en ambos casos la ventaja de recuperar más de diez elementos que hoy -al ser fundidos en el exterior- no nos benefician en nada, entre ellos el indio y el cadmio.
El pragmatismo exige utilizar lo que se tiene, de la mejor manera posible. La crítica ha venido a la burocracia, la ineficiencia, la corrupción; pongan las personas adecuadas, antes que pensar en echar la guagua con el agua sucia.XXX
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
