La burocracia, en su esencia más pura, debería ser el motor de la administración estatal, el garante de la eficiencia y el brazo ejecutor de las políticas públicas que buscan el bienestar colectivo. Sin embargo, en medio de una profunda crisis institucional y de legitimidad en distintos niveles del Estado boliviano, se hace cada vez más evidente la urgente necesidad de revalorizar la función pública; su deterioro no solo ha afectado la eficiencia y calidad de los servicios estatales, sino que ha debilitado el vínculo entre el ciudadano y el Estado, erosionando la confianza, la meritocracia y la ética pública.
En décadas pasadas, Bolivia fue pionera en América Latina con la implementación de la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, también conocida como Ley Safco, promulgada en julio de 1990. Esta norma introdujo un sistema moderno y estructurado de gestión pública basado en principios de planificación, organización, ejecución, control y evaluación, estableciendo responsabilidades personales por el ejercicio de la función pública y promoviendo una administración orientada a resultados y transparencia, lo cual significó un salto cualitativo muy importante, introdujo normas básicas de control interno, administración financiera, presupuesto, contabilidad y auditoría, todo ello bajo un enfoque preventivo y no únicamente punitivo. Se apostó por una gestión pública profesionalizada, técnica y con responsabilidad por los actos administrativos. Su aplicación permitió durante muchos años fortalecer la institucionalidad, mejorar la eficiencia del gasto público y fomentar una cultura de responsabilidad administrativa.
Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un paulatino debilitamiento de estos avances. La politización del aparato estatal, el clientelismo, la designación de funcionarios por afinidad política en lugar de mérito y la ausencia de una verdadera carrera administrativa han convertido a muchas instituciones públicas en espacios de improvisación, inestabilidad e ineficiencia. La pérdida del valor social de la función pública, antes entendida como un servicio honorable al bien común, ha derivado en una visión instrumental del cargo público como recompensa o botín político.
Esto no solo afecta al desempeño del Estado, sino que también desincentiva a los profesionales capacitados y comprometidos con el país. La función pública ya no representa un espacio de prestigio, de vocación o de impacto transformador, sino un terreno hostil, frágil y recurrentemente poco transparente.
Bajo la coyuntura política, y ante una cercana elección presidencial, hemos visto en los diferentes medios de comunicación, que los candidatos hablan sobre una reducción del aparato estatal como solución al déficit fiscal recurrente que se presentó durante los últimos once años. La pregunta que deberían platearse los actuales candidatos es: ¿el problema del tamaño de la administración estatal, en todos sus niveles, está únicamente en lo cuantitativo o también habría que ver lo cualitativo? De la posible respuesta, la siguiente pregunta segura será: ¿Qué hacer?
Es imperativo que Bolivia emprenda una reforma profunda y realista del servicio público, que retome el espíritu de la Ley 1178 y actualice sus principios en el contexto actual. Esto implicaría:
– Recuperar la meritocracia y profesionalizar la carrera administrativa mediante concursos públicos transparentes.
– Fortalecer los sistemas de control interno y externo, con auditorías técnicas y responsables, no utilizadas como herramientas de persecución política.
– Reinstaurar una cultura ética y de vocación de servicio en la administración pública, con formación continua y reglas claras de comportamiento.
– Blindar a las instituciones del uso partidario, garantizando estabilidad institucional y respeto al funcionario de carrera.
– Modernizar los sistemas de gestión pública, incorporando tecnologías de información y gobernanza basada en data.
– Implementar sistemas de remuneración acordes al nivel de responsabilidad funcionaria, a la realidad económica del país y a indicadores de resultados institucionales.
Esto requerirá por supuesto, de un esfuerzo sostenido y un compromiso político firme. Sin un compromiso real desde las más altas esferas del gobierno, cualquier reforma sería superficial. Otro factor clave será atraer a los mejores profesionales con condiciones salariales competitivas y oportunidades de desarrollo, puesto que no olvidemos que donde se encuentra gran parte de la burocracia estatal que es el departamento de La Paz ha sido uno de los mayores expulsores de talento humano, tanto al oriente del país como al exterior.
La revalorización de la función pública no es una consigna romántica ni una utopía técnica, es una condición necesaria para reconstruir la legitimidad del Estado, brindar servicios de calidad a la ciudadanía y crear un entorno confiable para la inversión, el desarrollo y la convivencia democrática. Esperemos sea un regalo a Bolivia en su Bicentenario.
