Al revisar los planes de gobierno presentados por los partidos y alianzas políticas de cara a las elecciones de agosto de 2025, salta a la vista una preocupante disparidad. No solo de las propuestas político-ideológicas —lo cual es obvio y esperable—, sino, de la lectura misma de la realidad boliviana. Sus diagnósticos, la información que manejan, las áreas de intervención que proponen y sus criterios son tan diversos que parece que estuvieran refiriéndose a realidades completamente distintas. Esta inconsistencia es particularmente alarmante en las propuestas educativas, donde las organizaciones políticas parten de interpretaciones y lecturas subjetivas de la realidad.
Esta notable dispersión es resultado de una serie de factores: En primer lugar, es evidente una alarmante ausencia en la lectura y comprensión de la ley educativa vigente, así como de las políticas y programas ya implementados. Muchas propuestas ignoran por completo los avances y fracasos previos. En segundo lugar, y no menos importante, esta anacronía es resultado directo del desconocimiento de la información educativa actualizada y de una revisión objetiva del estado de situación. Un tercer factor, notorio en la construcción del discurso político electoral, es el de reescribir una historia imaginaria que retrotrae el origen de los problemas educativos al 2006, olvidando la crisis educativa derivada de los gobiernos, las políticas neoliberales y la reforma educativa expresada en Ley 1565.
Es cierto que los últimos seis años, la educación ha enfrentado crisis profundas, derivadas de la pandemia y la clausura de la gestión escolar (Gestión Añez- Cárdenas), pero también de una inestabilidad en el manejo del Ministerio de Educación (Gestiones Quelca, Pary y Veliz), que afecta la continuidad en la gestión educativa, además de sobresalir la ausencia de nuevas políticas o la profundización de las implementadas en periodos anteriores. No menos cierto es la permanencia de problemas estructurales pendientes de resolver y que deberían constituir el eje fundamental de las propuestas electorales.
En ninguno de los planes electorales de los partidos y alianzas aparece mencionado el derecho a la educación como el eje central y articulador de la propuesta electoral. Para algunos, este principio constitucional resulta difícil de mencionar (Propuestas Neoliberales); otros consideran que traducirlo a términos técnicos o generalizaciones les exime de su obligación de garantizarlo y profundizarlo. Este debate no es superficial; es importante establecer la diferencia entre entender la educación como un servicio (Ley 1565) o como un derecho (Ley 070).
Otro de los temas ausentes en las propuestas electorales en materia de educación, es la necesidad de garantizar el cumplimiento del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que determina que la educación es una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, garantía para una educación gratuita, fiscal, democrática y universal. La referencia a mejorar el presupuesto educativo a partir de los resultados en inversión en el litio u otras políticas estratégicas vuelve vulnerable el respeto al principio constitucional.
A las anteriores ausencias de parte de los proyectos políticos electorales, se suma el desconocimiento o invisibilización de las políticas implementadas a partir de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Las políticas de formación docente que se implementaron a partir del 2006 permitieron crear el Sistema de Formación Docente que se inicia con la formación básica de los maestros, se articula con la formación complementaria, la formación continua y el postgrado para el magisterio. También es el caso de la formación técnica, que creo el Sistema de Educación Técnica, Tecnológica, Productiva que integra el bachillerato técnico humanístico (desde primero de secundaria) estableciendo tres fases: La Vocacional, la Formación Técnica General (que incluye educación financiera) y la Formación Técnica Especializada.
Estos son algunos ejemplos de políticas educativas que han sido implementadas a partir del 2006 y que ahora aparecen en los planes electorales como reinventos, como si nunca hubieran existido.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
