A lo largo de la historia educativa boliviana, han abundado leyes que incorporaban propuestas que expresaban un discurso de progreso y modernización, pero que a menudo perpetuaban desigualdades estructurales. Sin embargo, la mayoría de estos intentos fracasaron debido a la falta de decisión política gubernamental, por la insuficiencia presupuestaria que reflejaba prioridades económicas ajenas a las necesidades educativas, o por el rechazo de los actores educativos: magisterio, familias, instituciones, organizaciones y autoridades, quienes a menudo percibieron estas “buenas intenciones” como ajenas a sus realidades y a una verdadera transformación social.
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En relación con la Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, resulta imprescindible considerar tres momentos históricos para evitar caer en críticas subjetivas o, como el magisterio trotskista, reducir la crítica a retóricas ideológicas simplificadoras.
El primer momento crucial fue la construcción de la propuesta de ley y el modelo educativo. Este proceso se desarrolló históricamente en paralelo al fracaso de la Ley 1565, incapaz de resolver los problemas centrales y fundamentales de la educación: democratización del acceso, retención estudiantil (disminución del abandono), erradicación del analfabetismo, reconstrucción de la formación docente (inicial, complementaria, continua y posgradual), jerarquización profesional del docente (licenciatura), educación técnica a nivel de bachillerato, obligatoriedad de la educación inicial e inclusividad en la educación especial y alternativa (para jóvenes y adultos). Estos son solo algunos de los problemas que la Ley de la Reforma Educativa neoliberal pudo haber planteado (o no), pero que no resolvió, dejándolos como necesidades, demandas o reclamos de los sectores educativos y que, la Ley 070 dio respuestas concretas.
Un segundo momento significativo fue la concreción del proyecto de ley, su aprobación en el Congreso de Educación de 2006 y su posterior consenso a lo largo de tres años con todos y cada uno de los actores educativos. Este proceso culminó con su aprobación por unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Parte de la historia que muchos críticos olvidan (o desconocen) es este largo proceso democrático, colectivo y participativo; es decir, no fue una ley impuesta. Los ampliados de ambos magisterios, que aprobaron el proyecto de ley educativa (como lo demuestran registros, actas y cartas), las organizaciones de padres y madres, estudiantes, normalistas y sindicales que participaron en la revisión de cada artículo, y las actas y notas de aprobación de organizaciones de la sociedad civil (Campaña Boliviana), iglesias e instituciones públicas y privadas, son testimonios de este proceso histórico.
Finalmente, el tercer momento se inicia con la progresiva implementación de la ley educativa, que se manifestó en la construcción de la reglamentación, el modelo curricular y las reformas institucionales. Una construcción que requirió, además de participación social, largos procesos de ajuste que se tradujeron en siete Encuentros Pedagógicos con temáticas específicas. El proceso se interrumpió por el quiebre democrático del 2019 y el cierre de la gestión educativa del 2020.
Se abre ahora una cuarta fase, caracterizada por la percepción crítica sobre la ley y sobre el estado de la educación. Parte del magisterio urbano exige la abrogación de la Ley 070, mientras que por su lado el magisterio rural plantea su revisión. Lo que lamentablemente sobresale en estos cuestionamientos, es la confusión entre el contenido de la ley educativa y la reglamentación aprobada por el ministerio de Educación. A ello se adiciona la reiterada alusión al fracaso de la ley, mirando los pésimos contenidos curriculares aprobados en los dos últimos años, que han generado una ruptura de continuidad con lo avanzado en los encuentros pedagógicos.
El destino de la Ley 070 no puede quedar sujeto a la decisión coyuntural de la dirigencia del magisterio urbano. Las críticas y evaluaciones sobre el modelo educativo deben traducirse en propuestas concretas, construidas con toda la sociedad, para forjar un futuro inclusivo y con una calidad socialmente relevante y acorde a las necesidades de cada espacio geográfico y humano del Estado Plurinacional de Bolivia.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
