Decenas de automóviles desfilan a kilómetros de los surtidores para comprar combustible. La población se abalanza nerviosa a los mercados en busca de abarrotes, pero es tarde, pues, ¡todo ha subido! Algunos precios, como la carne, están por las nubes. Los más necesitados hacen fila en los puntos de distribución de Emapa desde tempranas horas, pero a veces sin éxito. Reina la escasez, la especulación y la incertidumbre. Esta realidad se reproduce en varios puntos del país. ¡El pueblo está sufriendo!
En el pasado neoliberal, la escasez de dólares era sosegada por devaluaciones disimuladas que en 20 años acumularon una pérdida cambiaria de 300% sobre el boliviano. El modelo neoliberal logró contener la hiperinflación de los años 80 a costa de un elevado sacrificio social que derivó en el congelamiento de salarios nominales por más de una década, el despido masivo, la precarización laboral, el afloramiento de la informalidad y la cada vez menor presencia del Estado. El proceso de estabilización neoliberal dejó como secuela —dos décadas más tarde— una Bolivia convertida en el segundo país con más pobres de la región y uno de los más desiguales del mundo. Fueron esos gobiernos que, ante los magros resultados económicos y la creciente insatisfacción de la población, recurrieron a la política de subvenciones a los combustibles desde 1997 para evitar una revuelta social.
Desde la implementación del Modelo Económico Plural (Modeplu) en 2006, las condiciones de vida de los bolivianos mejoraron notoriamente. Los salarios reales se incrementaron fruto de la política redistributiva y la estabilidad de precios que se tradujo en reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso. Fue la correcta aplicación del Modeplu, la que permitió revalorizar la moneda nacional y luego dotar de estabilidad cambiaria al país por más de una década. En 2010, hubo un claro intento de eliminar la subvención, pero la campaña de desinformación y la presión social obligó a dar marcha atrás. De haberse concretado, habría un ahorro de más de $us 10.000 millones en 15 años, recursos que el Estado los hubiera destinado a otros usos sociales y productivos.
De vuelta a nuestros días, la escasez de combustibles se debe a que la carestía de dólares también ha llegado al Estado. Las divisas públicas ya no son suficientes para cumplir sus obligaciones comerciales y crediticias, y debe priorizarse el pago del servicio de deuda externa, lo que reduce la disponibilidad para importar combustibles. La industrialización también está paralizada porque necesita dólares para importar. El anuncio de mantener las subvenciones con base en el endeudamiento, demuestra que el problema ha dejado de ser de iliquidez para convertirse en otro de solvencia, pues ningún endeudamiento externo destinado a gasto corriente puede ser sostenible.
Más allá de la gestión de aprobación de créditos, lo realmente fundamental es encarar el problema estructural. Ante la declinación del gas, urge una nueva Ley de Hidrocarburos. Para reducir la dependencia energética a combustibles fósiles se necesita un plan nacional de energías renovables. La subvención se ha convertido en un mecanismo perverso de transferencia de riqueza desde el sector público a sectores empresariales y corporativos millonarios, por lo que debe ser eliminada cuanto antes. Esta tarea recae ineludiblemente en la cabeza del Órgano Ejecutivo, que, además, es el principal ejecutor de política económica. Elevar el endeudamiento público, dejando irresueltos estos problemas, solo agravaría más los desequilibrios macroeconómicos para los próximos años.
Al presente, el Modeplu no se implementa de forma adecuada. El Estado ha cedido su protagonismo al sector privado y el mercado. La economía boliviana depende cada vez menos de la demanda interna y más de la demanda externa a causa de la necesidad de dólares de los créditos y las exportaciones. El sector público ya no provee divisas al sector privado, sino que, por el contrario, ha optado por autoabastecerse de éste a través del mercado paralelo, lo que podría generar más presiones cambiarias. Los créditos que antes se destinaban a la inversión pública, ahora se gestionan para gasto corriente. El modelo plural ha involucionado en su aplicación retrotrayendo los tiempos neoliberales cuando el Estado boliviano vivía una suerte de mendicidad que lo obligaba a acudir a la cooperación internacional para hacer funcionar la economía.
El Gobierno se encuentra en una gran encrucijada. Debe impedir que la desesperanza creciente en las calles se convierta en una cólera generalizada que arrastre a una crisis de gobernabilidad. Para evitar que eso suceda, debe asumir su responsabilidad histórica, a pesar del costo político, y sincerar la economía. Caso contrario, podría ser demasiado tarde porque aquel que forja el fuego también puede ser consumido por sus llamas.
