La Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó que el derecho a la protesta no ampara bloqueos absolutos y ordenó el levantamiento inmediato de los puntos de cierre instalados en El Alto.
La decisión se conoce en medio de la creciente conflictividad social que afecta a la sede de gobierno y otras regiones del país.
La resolución judicial establece que las movilizaciones deben garantizar la libre circulación de personas, ambulancias, alimentos y servicios esenciales, por lo que instruyó restablecer el tránsito en las rutas bloqueadas alrededor de la sede de Gobierno.
Justicia
El fallo surge tras una Acción Popular presentada por el exdiputado Amílcar Barral contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), el senador Nilton Condori y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La audiencia fue admitida por la Sala Constitucional Segunda de La Paz.
“La Justicia está ordenando a todos los movimientos sociales quetienen que levantar los bloqueos. Son ilegales e inconstitucionales (…) y los que sigan bloqueando serán procesados, eso está ordenando la justicia”, confirmó Barral en un video publicado por Unitel.
La justicia consideró que las protestas no pueden vulnerar derechos fundamentales de terceros ni impedir el acceso a salud, alimentación y circulación. La decisión se conoce después de más de una semana de bloqueos y movilizaciones impulsadas por sectores afines al evismo y organizaciones sindicales.
Bloqueos
El conflicto mantiene cercada a La Paz y provocó suspensión de viajes interdepartamentales, desabastecimiento de productos y dificultades en el suministro de combustibles. Diversos sectores empresariales, gremiales y del transporte denunciaron pérdidas económicas millonarias y exigieron al Gobierno garantizar el libre tránsito.
En paralelo, el Ejecutivo endureció su discurso frente a las protestas. Autoridades nacionales señalaron que el derecho a la movilización no puede derivar en violencia, uso de explosivos ni bloqueos prolongados que afecten a la población.
Perjuicios
La decisión judicial también coincide con pedidos de distintos actores políticos y sociales para aplicar medidas más firmes frente a los bloqueos. En los últimos días surgieron demandas de una ley antibloqueos, procesos penales contra dirigentes y solicitudes de estado de excepción en La Paz.
Mientras tanto, las movilizaciones continúan en algunos puntos de El Alto y el centro paceño, aunque con presencia reforzada de efectivos policiales para intentar despejar vías estratégicas y evitar nuevos enfrentamientos.
