Un cambio que redefine la pequeña propiedad
La normativa permite que propietarios de pequeñas parcelas tituladas puedan convertirlas en medianas propiedades mediante una declaración jurada y un trámite ágil ante el INRA.
Este cambio, según se explicó en el programa Piedra, papel y tinta de La Razón, abre la puerta a nuevas dinámicas económicas. Sin embargo, también introduce desafíos estructurales.
El abogado especialista en derecho agrario, Alcides Badillo Pinto, sostuvo que la clasificación de la propiedad en Bolivia responde a criterios antiguos.
“Es una clasificación hecha hace 80 años y está totalmente desactualizada”, afirmó.
Actualmente, la categorización depende principalmente de la extensión de la tierra, sin considerar factores como productividad, ubicación o acceso a infraestructura.
Criterios en debate
Entre los elementos cuestionados destacan:
- La subjetividad del cambio de categoría, basada en la voluntad del propietario.
- La gratuidad del trámite, pese a limitaciones operativas del INRA.
- La suspensión temporal de la verificación de la función económica y social.
Acceso a crédito: oportunidad y riesgo
Uno de los principales argumentos a favor de la Ley 157 es que permitirá a los productores acceder a financiamiento bancario.
Al convertir la tierra en un activo de mercado, los propietarios pueden:
- Solicitar créditos productivos
- Invertir en tecnología agrícola
- Incrementar su producción
Sin embargo, el mismo mecanismo podría derivar en escenarios adversos.
“Las dos visiones son reales”, explicó Badillo. “Hay sectores que pueden crecer, pero otros pueden endeudarse y perder su tierra”.
El riesgo de pérdida de tierras
Al ingresar al mercado, las propiedades pueden ser:
- Hipotecadas como garantía
- Vendidas o transferidas
- Sujetos a obligaciones tributarias y embargos por falta de pago de impuestos
Esto implica un cambio estructural: la tierra deja de ser únicamente un patrimonio familiar protegido y se convierte en un bien transable.
Impacto en comunidades campesinas e indígenas
El debate sobre la tierra en Bolivia también tiene un fuerte componente social y cultural.
En muchas regiones, la propiedad no es solo individual, sino que convive con formas colectivas de tenencia. Este equilibrio podría verse afectado y ocasionar:
- Conflictos internos por el uso del territorio
- Tensiones entre derechos individuales y comunitarios
- Riesgo de fragmentación social
Badillo advirtió que, en contextos donde coexisten ambos sistemas, la pérdida de tierras podría generar disputas complejas.
“El derecho individual no está totalmente separado de los derechos colectivos”, señaló.
Movilizaciones y alerta social
Las preocupaciones no se han quedado en el ámbito técnico. Comunidades del departamento de Pando iniciaron movilizaciones en rechazo a la norma.
Una marcha partió desde el municipio de El Sena y busca sumar a otros sectores del departamento del Beni, en su recorrido hacia La Paz.
Los manifestantes cuestionan:
- Falta de socialización de la ley
- Posible afectación a la permanencia territorial
- Riesgo de endeudamiento y pérdida de tierras
Este escenario confirma que la discusión trasciende lo económico y se instala en el terreno político y social.
Un mercado de tierras en expansión
Otro punto crítico es la posible participación de actores externos.
Según el análisis expuesto, la apertura del mercado podría atraer:
- Intereses inmobiliarios
- Sectores empresariales agrícolas
- Actores con mayor capacidad financiera
Esto podría profundizar desigualdades entre productores ya que, mientras algunos sectores están integrados al mercado, otros continúan en economías de subsistencia.
Ver también: Ley 157 abre la banca formal a pequeños productores, resalta Justiniano
La necesidad de una reglamentación inclusiva
La ley prevé un proceso de reglamentación en un plazo de 60 días. Expertos coinciden en que este será un momento clave.
Badillo enfatizó la importancia de incluir a los actores involucrados:
“No se puede hacer una ley a nombre de los campesinos sin tomarlos en cuenta”, afrimó
Para evitar conflictos sociales inmediatos se deben tomar acciones claves como:
- Incorporar criterios objetivos como productividad
- Incluir a organizaciones campesinas en el debate
- Evaluar impactos sociales y culturales
- Ajustar la normativa a realidades regionales
Un debate pendiente en Bolivia
La Ley 157 reabre una discusión histórica sobre la tierra en Bolivia. Más allá de sus efectos inmediatos, pone en evidencia la necesidad de actualizar el modelo agrario del país.
El desafío está en equilibrar desarrollo económico con estabilidad social, evitando que la apertura al mercado genere nuevas tensiones en el ámbito rural.
