En la ciudad de La Paz se presentó oficialmente el proyecto Acting Together to Fight Against Trafficking (ATFAT, por sus siglas en Inglés), una iniciativa orientada a fortalecer la lucha contra la trata de personas en Bolivia.
El programa es implementado por Save the Children y financiado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, con ejecución prevista entre 2025 y 2030.
La propuesta prioriza la protección directa de víctimas y sobrevivientes, incorporando un enfoque centrado en la persona y basado en la atención informada por el trauma.
Trata y tráfico de personas
A diferencia de otras iniciativas, ATFAT no se limita a la incidencia normativa, sino que contempla intervenciones especializadas y gestión individualizada de casos.
El proyecto se desarrollará en La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Guayaramerín y Desaguadero, incluyendo ejes fronterizos con Perú y Brasil.
Las acciones estarán dirigidas a grupos de alto riesgo, con énfasis en mujeres, niñas, niños, adolescentes y poblaciones indígenas como Aymara, Quechua y Ayoreo.
Entre sus metas figura la capacitación de 2.000 servidores públicos y equipos de primera línea en identificación y derivación de casos.
Plan
Asimismo, se formará a 200 proveedores en modelos de cuidado especializado y se gestionarán 400 casos de sobrevivientes y 600 de personas en alto riesgo.
El componente preventivo contempla una campaña de sensibilización cocreada con sobrevivientes, con alcance estimado de 300.000 personas mediante medios y redes sociales.
Además, se implementarán cinco sistemas comunitarios de alerta temprana y se fortalecerán cinco redes municipales o departamentales contra la trata.
La iniciativa también apunta a consolidar mecanismos nacionales de remisión y articular esfuerzos con el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas.
ATFAT se ejecuta en alianza con la Fundación Munasim Kullakita y la Universidad Católica Boliviana San Pablo, a través de su Instituto de Investigaciones de Ciencias del Comportamiento.
Los impulsores destacaron que el enfoque integral busca garantizar atención efectiva, reparación del daño y restitución de derechos para las víctimas.
