El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó este miércoles que la convocatoria a la interpelación del ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, realizada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, no tendrá efecto ni derivará en consecuencias en caso de una eventual censura.
“El presidente de la Asamblea está convocando a sesión como acto de interpelación. El problema que tenemos es que, por una disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional, la actual ley de interpelación no genera ningún efecto”, señaló.
El Vicepresidente ratificó la interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energías prevista para el viernes en la Asamblea Legislativa, en relación con la comercialización de gasolina de presunta mala calidad.
Lara denunció que el titular del Senado, mediante “chicanas jurídicas”, le envió una carta en la que señala que no se puede interpelar a Medinaceli. No obstante, remarcó que la Constitución sigue vigente y no fue modificada.
Ávila recordó que la normativa vigente solo permite realizar el acto de interpelación como un mecanismo informativo, pero sin efectos vinculantes. En ese sentido, pidió al Vicepresidente que, antes de impulsar actos que “no terminarán en nada”, se avance en la aprobación de una nueva ley que establezca consecuencias claras.
“En todo caso, aprobemos una ley que genere efectos de interpelación. No ganamos nada con interpelar a cualquier autoridad si al final no va a haber ningún efecto. Va a venir, nos puede contar cualquier cosa y no habrá ningún efecto, y termina ahí”, sostuvo.
La diputada Verónica Lafuente informó en días pasados que se planteó un cuestionario de al menos 33 preguntas que deberá responder Medinaceli. Sin embargo, aún está pendiente la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la revisión para ratificar o rechazar la suspensión de los actos de interpelación.
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Ávila indicó que se debe evitar un “acto ocioso” y consideró llamativa la postura de la bancada de Libre, que, según mencionó, se asemeja a prácticas del pasado del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando se promovían interpelaciones “que no tenían efecto”.
Añadió que, por responsabilidad con el país, se debería contar con una ley que clarifique el procedimiento: «cómo se realiza la interpelación, cómo se vota y qué efectos tiene», incluyendo si la censura implica la destitución de la autoridad.
“Como no tenemos ninguna de esas posibilidades, va a terminar el acto de interpelación como si fuera un acto de petición de informe”, manifestó.
En tanto, la diputada Lissa Claros (Libre) lamentó que el presidente del Senado haya enviado una nota al Vicepresidente señalando que no se pueden realizar interpelaciones, bajo el argumento de que existe una sentencia constitucional que estaría limitando esta atribución de la Asamblea.
Claros sostuvo que la sentencia constitucional emitida en 2023 no prohíbe los actos de interpelación. Según explicó, el fallo únicamente observa los efectos de la interpelación y exhorta a la Asamblea a realizar ajustes normativos sobre ese aspecto.
“La Asamblea ha trabajado y desde la alianza Libre se ha repuesto el proyecto de ley para subsanar lo que ha exhortado esta sala constitucional. En este momento no existe ninguna normativa vigente que prohíba un acto constitucional como es la prerrogativa de interpelación”, afirmó.
En ese sentido, defendió la convocatoria al acto legislativo y aseguró que la facultad de interpelar continúa vigente conforme a la Constitución.
