El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca Oller, se pronunció a cerca de su participación en la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), argumentó que responde a su trayectoria profesional en el ámbito de la ingeniería civil y la construcción, y desmintió que este hecho tenga relación con afinidades políticas.
En entrevista con Radio Fides, la autoridad explicó que formó parte de un consorcio internacional de empresas constructoras que ejecutó el proyecto, el cual se adjudicó mediante procesos de licitación pública. Señaló que se trató de una obra de alta complejidad técnica que requirió la participación de varias firmas especializadas.
“Lo tengo que decir con mucho orgullo: sí fui parte del consorcio que ha construido esa obra”, afirmó Daroca, al remarcar que la adjudicación se realizó en el marco de procesos abiertos y transparentes.
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ALP
El titular de YPFB recordó que desarrolló su carrera profesional en una empresa familiar con más de cuatro décadas de experiencia en el rubro de la construcción en Bolivia, destacando que su trabajo siempre estuvo vinculado al ámbito privado y técnico, sin relación con militancia política.
“Lo hemos hecho con la más absoluta honestidad y solvencia técnica que tenemos”, sostuvo.
Daroca consideró “improcedente” que su participación en una obra estatal que se ejecutó en una gestión anterior se utilizó para atribuirle una posición política. Al señalar que este tipo de interpretaciones podrían extenderse a múltiples profesionales y empresas que prestaron servicios al Estado en distintos periodos.
Dato
Asimismo, afirmó que el proyecto fue debidamente fiscalizado y auditado. “Ese proyecto lo fiscalizaron auditorías de la Contraloría y no tiene absolutamente ningún problema”, indicó.
Según precisó, la obra se ejecutó en dos etapas —obra gruesa y obra fina— ambas adjudicadas mediante licitaciones internacionales. Agregó que los procesos, contratos y antecedentes se encuentran disponibles en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).
Consultado sobre el costo total de la infraestructura, estimó que la suma de ambos contratos alcanzó aproximadamente los 500 millones de bolivianos.
