La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Verónica Prudencio, informó este jueves que siete acciones constitucionales fueron presentadas contra los decretos supremos 5503 y 5515, entre ellas acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta, además de recursos directos de nulidad, impulsados principalmente por legisladores nacionales.
Prudencio señaló que los recursos ya ingresaron formalmente al TCP y se encuentran en etapa de revisión por la Comisión de Admisión, instancia que constituye el primer filtro procedimental. “El pueblo boliviano tiene la seguridad y la certeza de que se están siguiendo los trámites que corresponden, conforme a la Constitución y la ley”, afirmó a radio Fides.
Explicó que la Comisión de Admisión está integrada por tres magistrados, quienes deberán conocer las acciones presentadas y emitir su pronunciamiento dentro de los plazos establecidos por norma.
El magistrado del TCP, Ángel Dávalos, señaló el martes que las acciones presentadas contra los decretos supremos 5503 y 5515 no pueden ser resueltas en sala plena debido a la falta de quórum.
Precisó que para resolver el fondo de los decretos y otros temas de coyuntura es necesario contar con quórum completo en sala plena.
Prudencio destacó que en el último mes esta comisión logró resolver más de 800 expedientes pendientes, que ya se encuentran listos para notificación. “No se va a esperar uno, dos o tres años para una respuesta”, remarcó.
La titular del TCP también presentó un balance del primer mes de gestión al frente del TCP, en el que identificó graves falencias administrativas y jurisdiccionales heredadas de los anteriores magistrados cesados, cuyos mandatos concluyeron el 25 de noviembre.
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Detalló que, si bien en la gestión 2025 se sortearon más de 6.000 causas, los cinco magistrados cesados solo resolvieron el 52% de los expedientes asignados, carga que actualmente está siendo asumida por los cuatro magistrados electos con mandato vigente.
“Sus sueldos fueron percibidos, pero los resultados reflejan un trabajo a un ritmo muy bajo”, cuestionó.
Asimismo, denunció gastos observados por cerca de Bs 400.000 en lo que calificó como un “tour judicial” por siete departamentos, realizado bajo el argumento de promover una reforma constitucional, una atribución que, según detalló, no corresponde a la instancia constitucional.
Respecto a las acefalías en el TCP, Prudencio señaló que no es posible convocar a magistrados suplentes, debido a que también concluyeron su mandato, y aclaró que los cargos de los cuatro magistrados electos no se encuentran acéfalos, ya que su elección fue territorial, pero con jurisdicción nacional.
Indicó que la única salida constitucional es que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de funcionamiento excepcional y transitorio del TCP con cuatro magistrados, mientras se convoca a elecciones judiciales para que los cinco departamentos restantes elijan a sus autoridades.
Sostuvo que, concluido el actual proceso electoral subnacional, debe encararse de manera inmediata una nueva convocatoria a elecciones judiciales para completar la composición del TCP.
