El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió al Ministerio Público no desestimar la denuncia que presentó contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el expresidente Luis Arce Catacora por el presunto delito de “secuestro” y otros ilícitos, relacionados con los hechos ocurridos en 2022.
“La denuncia que hemos presentado es por el secuestro que viví en 2022. Espero que el Ministerio Público no actúe como actuó con el expresidente Arce y no se dé la libertad de desestimar esta denuncia”, manifestó la autoridad departamental a Unitel.
Camacho solicitó además al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, actuar de “forma clara ante el pueblo boliviano”.
El martes, el abogado Martín Camacho presentó una denuncia contra ambas exautoridades en relación a la detención del gobernador el 28 de diciembre de 2022.
La denuncia contempla delitos de corrupción pública, como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de otros tipos penales vinculados a vulneraciones de derechos humanos y a la integridad personal, entre ellos tortura, vejámenes y secuestro.
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De acuerdo con las penas previstas en la normativa, estas oscilan entre 5 y 10 años de cárcel, dependiendo del tipo penal, y los delitos vinculados a la normativa anticorrupción contemplan sanciones más severas.
El gobernador afirmó que la denuncia presentada el martes está debidamente justificada y fundamentada, por lo que consideró que existen los elementos suficientes para iniciar una investigación, imputar a los denunciados y solicitar la detención preventiva mientras se desarrollan las indagaciones.
Advirtió que, si los fiscales actúan de otra manera, la población comenzará a perder la credibilidad en la justicia. “Tiene que darse la detención preventiva del exministro de Gobierno, porque lo contrario sería un mensaje de burla, de que no le va a pasar nada”, aseveró.
El 28 de diciembre de 2022, Camacho fue aprehendido por el caso Golpe de Estado I y trasladado a La Paz, donde permaneció en detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro hasta el 29 de agosto de 2025, tras casi tres años privado de libertad.
