El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, celebró este sábado la decisión del Ministerio Público de admitir la denuncia presentada por dos magistradas electas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra cinco magistrados “autoprorrogados”.
“Saludamos la actitud objetiva del Ministerio Público al admitir la denuncia interpuesta por dos magistradas recientemente electas del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en contra de cinco autoprorrogados. Confiamos en que las investigaciones preliminares de las próximas horas darán certidumbre a la institucionalidad y la democracia”, escribió Saucedo en sus redes sociales.
El titular del TSJ agregó que la admisión de la denuncia es “una buena señal” y afirmó que “es cuestión de días para que ellos se vayan” y se genere certidumbre en la población.
“Ellos construyeron la tesis de que solo se pueden ir cuando haya elecciones y nuevos magistrados. Esa tesis no es correcta ni válida. Por eso hemos dicho que se tienen que ir y después veremos, cuando la Asamblea convoque a elecciones y en el tiempo pertinente”, declaró a DTV.
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Saucedo también señaló que la Asamblea Legislativa “debe agendar este tema” y aseguró que los caminos “ya están allanados para que dejen el cargo”.
El viernes se conoció que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió la denuncia presentada contra los magistrados “autoprorrogados” por los presuntos delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica.
“En atención de los memoriales de subsanación a la denuncia, se dispone que la misma pase al conocimiento del fiscal de materia de la Fiscalía Especializada; consecuentemente, da inicio la investigación preliminar dentro de la averiguación penal”, señala la resolución del Ministerio Público.
Las denunciantes son Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, magistradas electas del TCP y los denunciados son los magistrados prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamabra, René Iván Espada Nacia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julio Elizabeth Cornejo Gallardo, acusados de los delitos tipificados en los artículos 148 Bis y 199 del Código Penal.
La Fiscalía señaló que los memoriales de subsanación “cumplen con los requisitos legales y jurisprudenciales pertinentes”, por lo que corresponde dar curso a la investigación, que estará a cargo de la Policía Boliviana, con el objetivo de “esclarecer la verdad histórica y material de los hechos denunciados”.
