Ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instruir la revisión en la detención preventiva de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, el Consejo de la Magistratura anunció que iniciará auditorías contra los juzgados en los que hay “retardación de justicia” en el caso de los otros detenidos.
“Nosotros como Consejo de la Magistratura, vamos a fiscalizar y solicitar las auditorías correspondientes a todos los juzgados de sentencia donde exista la retardación de justicia”, afirmó el consejero Carlos Spencer, este lunes en conferencia de prensa.
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Detención preventiva
La decisión es una manera de respuesta a la postura que asumieron los privados de libertad del penal de Palmasola, en Santa Cruz, y de los reos del penal de San Pedro, en La Paz, quienes denunciaron que hay un favoritismo en favor de Añez, Pumari y Camacho.
En ese sentido, Spencer reconoció que la demanda de los detenidos es justa, por lo que se debe revisar los casos en los que la detención preventiva ya superó los plazos procesales de tres años.
“No puede haber favores ni privilegios para algunos privados de libertad, la justicia y las leyes son una sola y deben garantizarse para todos los bolivianos”, indicó al respecto.
De acuerdo con el consejero, se realizará un levantamiento de datos para observar cuántos privados de libertad sin sentencia hay en todo el territorio nacional. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, son 19.000 detenidos preventivamente.
Además, según Régimen Penitenciario, de esa cantidad, aproximadamente 4.500 detenidos se encuentran recluidos por más de tres años, sin determinar si son culpables o inocentes del caso en el que se los acusa.
Ante esta situación, los privados de libertad se amotinaron en algunos penales e iniciaron algunas medidas de presión, como huelga de hambre.
Spencer recordó que el Consejo de la Magistratura es el único ente con la competencia de fiscalizar los tribunales y juzgados, por lo que hará uso de esa facultad para garantizar un proceso justo e igualitario para todos los detenidos preventivamente.
En ese entendido, exhortó a los tribunales departamentales de justicia actuar con celeridad en los casos en los que la privación de libertad sea de tres años y un día.
