En su calidad de Mecanismo de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo solicitó un informe a la Dirección de Régimen Penitenciario, al Servicio Nacional de Defensa Pública (SEPDEP) y al Tribunal de Justicia de La Paz sobre la aplicación del Decreto Presidencial que tiene como objetivo principal otorgar amnistía e indulto por razones humanitarias.
La institución solicitó a Régimen Penitenciario datos oficiales sobre el número de resoluciones administrativas de concesión de indulto, emitidas por las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario y el número de resoluciones administrativas de concesión de indulto, ambos datos al 30 de junio de 2025.
El segundo requerimiento a SEPDEP es sobre la cantidad de resoluciones administrativas de concesión de amnistía y de indulto, emitidas y pendientes por las Direcciones Departamentales del SEPDEP. Ambos datos al 30 de junio de 2025.
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La tercera solicitud va dirigida al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el que se solicita el número de resoluciones de jueces de ejecución penal de La Paz que homologan la concesión del indulto y el beneficio de la amnistía, así como el número de resoluciones de jueces de ejecución penal de La Paz para homologación de los beneficios de indulto y amnistía, pendientes al 30 de junio del presente año.
“En jornadas de socialización previas, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, enfatizó que, además de la aplicación del Decreto Presidencial, se requiere la implementación de medidas integrales para enfrentar el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y garantizar procesos efectivos de reinserción social”, indicó parte de una nota de prensa de la Defensoría.
Además, la institución señaló que continuará realizando seguimiento permanente a la aplicación del decreto presidencial de amnistía e indulto, con el fin de velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, población en situación de especial vulnerabilidad.
