La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) pidió este lunes respetar los derechos de la jueza Lilian Moreno de Santa Cruz y se realicen las investigaciones con transparencia, respetando los derechos y garantías jurisdiccionales, “precautelando el derecho a la defensa y presunción de inocencia”.
La jueza fue aprehendida la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 15 del municipio de La Guardia de Santa Cruz, cuando se movilizaba en un vehículo con destino a su fuente de trabajo, luego que anulara la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.
Ademas, la autoridad jurisdiccional de Santa Cruz ordenó paralizar la investigación en Tarija y remitió los obrados a Cochabamba por el delito de trata de personas con agravante.
Sin embargo, la resolución de la juez de Santa Cruz fue revocada por otra autoridad judicial de La Paz que determinó la continuidad de las investigaciones contra Morales, en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.
“Como administradores de justicia, conocedores del bloque de constitucionalidad y la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro Estado constitucional y respetando la independencia judicial, no expresamos criterio sobre el accionar de la juez, pero si recordamos a las autoridades que la investigación de cualquier persona (…) debe realizarse con transparencia y dentro del marco del debido proceso”, señala parte del pronunciamiento de Amabol.
Una familiar que iba junto a Moreno denunció que la jueza fue sacada del vehículo sin ninguna orden de aprehensión y de manera arbitraria.
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“Fue un asalto prácticamente. Ella está delicada de salud, por eso ella pidió los días de licencia. Fue recién operada del hombro. La policía la tironeaba de los dos brazos por encima mío y me amedrentaron de enmanillarme”, denunció la familiar a DTV.
La Asociación de Magistrados y Jueces de Cochabamba (Amaco) expresó también su preocupación por el “procedimiento” empleado en la aprehensión de la jueza de Santa Cruz para su posterior traslado a La Paz.
“Amaco recuerda a las instituciones del Estado que, ante cualquier investigación judicial, toda persona, independientemente de su investidura y los motivos por los cuales se activa el aparato de persecución, tiene derecho a un proceso justo y equitativo (…)”, señala parte del pronunciamiento de Amaco.
El ministro de Justicia, César Siles, informó el fin de semana que se presentó una querella penal por el delito de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales contra la autoridad jurisdiccional de Santa Cruz.
El caso fue abierto en la ciudad de La Paz por lo que la Moreno deberá presentarse ante la justicia de este departamento para asumir defensa.
