El diputado de Creemos Richard Ribera pasó la noche en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de su audiencia de medidas cautelares dentro la investigación de la asonada militar del 26 de junio de 2024.
A la salida de la Fiscalía tras prestar su declaración, el legislador reiteró que “es inocente”.
Ribera fue aprehendido la tarde del lunes en el aeropuerto de El Alto, luego de arribar a esa ciudad para prestar su declaración dentro de la ampliación de la investigación por la asonada militar.
El 11 de abril se conoció que el Ministerio Público emitió cinco ordenes de aprehensión, cuatro que fueron ejecutados y estaba pendiente la del diputado por Creemos.
Entonces, Ribera se puso a resguardo y calificó de “patraña” la acusación. Dijo que el fin del Gobierno era «amedrentar y buscar» la forma de tener asustada a la población.
Christian Tejada, defensa de Ribera, señaló que se hizo prevalecer la orden de aprehensión que tenía desde hace días. Sin embargo, aseguró que el diputado no tenía conocimiento sobre este caso.
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“Richard Ribera ha dado su versión de lo que se lo acusa. Él dijo que conoce a Luis Fernando Hamdan, (pero) lo conoce en una circunstancia donde no han hablado de un tema de golpe de Estado”, indicó el jurista.
A ello, añadió que Hamdan le hizo conocer sobre la toma militar, pero que el diputado no tenía conocimiento de ello.
Ribera es acusado por los delitos de terrorismo, alzamiento armando contra la seguridad y soberanía del Estado y atentado contra la vida del presidente.
Tejada indicó que la Fiscalía deberá demostrar sobre estas acusaciones y si no reúne estos requisitos el juez deberá disponer su libertad y retornar a Santa Cruz.
“Hemos pedido al Ministerio Público que dé celeridad a este tema en particular y esperamos que mañana sea la audiencia cautelar”, indicó.
El 26 de junio de 2024, un grupo de militares, a la cabeza del entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, tomó la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre.
Entonces, los militares intentaron ingresar a la fuerza al Palacio Quemado, tratando de derribar la puerta principal con una tanqueta. Zúñiga se insubordinó ante el presidente Luis Arce en el ingreso al Palacio Quemado, pero la situación no pasó a mayores.
Por este hecho, al menos 35 personas entre civiles y militares son investigados y 27 ya cuentan con una imputación formal por la Fiscalía.
