Ante las recientes aprehensiones realizadas por la Fiscalía en el marco de la tomar militar de la plaza Murillo el 26 de junio de 2024, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó que el Ministerio Público tiene la tuición de realizar investigaciones, pero que las mismas deben estar «ceñidas al debido respeto a su dignidad de ser humano».
“Hay procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal que dicen como deben hacerse las citaciones, como debe hacerse el llamado a la declaración y, eventualmente, en qué circunstancias debe aplicarse la aprehensión y detención preventiva”, afirmó el Defensor ante la consulta de medios de comunicación en La Paz.
Según una nota de prensa, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento el viernes de la aprehensión de Jorge Valda en el marco de las investigaciones del caso “26J”.
A ello, indicó que a través de la oficina departamental en Santa Cruz se realizó el seguimiento correspondiente ante la posibilidad de vulneración de derecho humanos.
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Tras su traslado a la ciudad de La Paz, personal defensorial en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) logró realizar la valoración médica, evidenciando que no presentaba lesiones; también se posibilitó el contacto con su abogado de defensa a objeto de garantizar el debido proceso.
“Todos los procesos de investigación que realiza el Estado, deben ceñirse al debido proceso y deben ser respetuosos del ser humano. En el caso del señor Valda, así como en el caso de los aprehendidos en diferentes días expuesto en el Informe 24 Días que acabamos de presentar, se ha trasladado a varios de ellos de Santa Cruz a La Paz, con una ropa que no era adecuada para un clima frío, en diferentes condiciones que no consideran el respeto al ser humano”, señaló Callisaya.
Añadió que “es importante tener claridad de cómo se ejercita esa acción penal pública por parte del Ministerio Público y otras instancias que tienen la competencia para ello”.
El defensor recordó que existe la “manifiesta preocupación” de organismos internacionales plasmados en el informe del GIEI Bolivia, así como el informe Cohesión Social de la CIDH, así como de la Relatora para la independencia de los jueces, respecto a “ (…) que se debe construir la independencia del Órgano Judicial (…)”, señalando que “ (…) este también es un mensaje claro a las nuevas autoridades (judiciales) para que ellos puedan dar muestras claras a la población de que la independencia se construye diariamente con acciones procesales que sean objetivas en el marco de las leyes y la constitución”.
El 26 de junio de 2024, un grupo de militares, a la cabeza del entonces comandante del Ejército general Juan José Zúñiga, tomó la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre.
Entonces, los militares intentaron ingresar a la fuerza al Palacio Quemado y el general Zúñiga se insubordinó ante el presidente Luis Arce en el ingreso al Palacio Quemado, pero la situación no pasó a mayores.
Al final, huyó de la plaza y fue aprehendido, no sin antes implicar al mandatario. Por este hecho, al menos 35 personas entre civiles y militares son investigados y 27 ya cuentan con una imputación formal por el Ministerio Público.
En los últimos días se ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión dentro este caso en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Por este caso, dos investigados fueron enviados a la cárcel de San Pedro, uno goza de medidas sustitutivas y para el último la justicia dictó libertad pura y simple.
