Human Rights Foundation (HRF) celebró este lunes la decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTNUAD) que declaró que la detención del gobernador Luis Fernando Camacho fue “arbitraria y violatoria” del derecho internacional.
“HRF presentó la petición en nombre de Camacho en febrero de 2023. El GTNUAD instó al régimen autoritario híbrido boliviano a liberar inmediatamente a Camacho, otorgarle una indemnización y otras reparaciones conforme al derecho internacional”, señala parte de una nota de prensa emitido desde su página web.
Recordó también que el GTNUAD ordenó una investigación gubernamental independiente sobre “las circunstancias que llevaron a la detención y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de esta violación de derechos humanos”.
El domingo, el Ministerio de Justicia rechazó el informe del Grupo de Trabajo por considerarlo “sesgado”, con información parcial y desactualizado.
Señaló que la opinión de este organismo no representa “necesariamente” a los de la ONU o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y son “exclusivamente” los del autor.
El Ministerio de Justicia reiteró que las recomendaciones de ese grupo de asesoramiento no tienen carácter vinculante, obligatorio, ni pueden sustituir los procedimientos judiciales internos.
Según la nota de prensa de HRF, Camacho lideró manifestaciones pacíficas a nivel nacional contra el fraude electoral perpetrado por el gobierno del MAS en las elecciones generales de 2019, lo que condujo a la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“Tras su renuncia, un gobierno de transición, liderado por la líder opositora y actual presa política Jeanine Áñez, supervisó la celebración de nuevas elecciones en 2020. Camacho fundó un nuevo partido político, Creemos, y se postuló sin éxito a la presidencia, pero fue elegido gobernador de Santa Cruz en las elecciones regionales y de gobernador de 2021”.
Señala que, tras la asunción de Luis Arce en el gobierno, éste intensificó la represión contra la oposición, “atacando a figuras de alto perfil como el gobernador Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez y el líder indígena Marco Pumari, con acusaciones infundadas de terrorismo y conspiración golpista”.
“Los tres permanecen en prisión, y organizaciones de la sociedad civil estiman que el número de presos políticos en todo el país asciende al menos a 173”.
La fundación también insta a la comunidad internacional “a exigir responsabilidades al régimen boliviano y a solidarizarse con Luis Camacho y todos los presos de conciencia”.
