El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a título personal, ve innecesario que el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, el exministro Carlos Romero y el actual presidente Luis Arce presten su declaración en calidad de testigos en el caso Golpe de Estado I.
“Como ya el proceso está avanzado y está a punto de dictarse sentencia porque faltan pequeños actos procesales, yo no veo necesario, si no han participado en la etapa previa, en la etapa preliminar que se hubiese convocado a estas personas, que lo único que están tratando de hacer es politizar un tema penal en la justicia”, indicó la autoridad.
El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción 6 de La Paz convocó para el lunes 31 de marzo, a las 09.00, a las exautoridades y al actual mandatario al Salón Rosado” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para presentar su declaración en calidad de testigo de descargo ofrecido por Luis Fernando Camacho.
Del Castillo argumentó que todas las partes en este proceso ya propusieron a los testigos correspondientes y si realmente van a aportar “algo” al juicio “es conveniente”.
“Desde mi punto de vista, personal, no como ministro de Gobierno, veo innecesario que vayan a declarar”, señaló el titular de la cartera de Gobierno.
Lea más: Siles advierte que si Evo no se presenta a declarar se emitirá una orden de aprehensión
Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, señaló este jueves advirtió que, si Morales no se presenta el lunes a la audiencia de juicio oral, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, se emitirá una orden de aprehensión
“Todos tenemos la obligación de comparecer siempre y cuando seamos convocados a una citación judicial. (Evo) debería de presentarse y claramente el 193 del Código de Procedimiento Penal establece que si no se presenta se va a librar un mandamiento de aprehensión”, indicó.
A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.
Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes militares.
Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
