La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur expresó este jueves su preocupación por el aumento de las tensiones y los hechos de violencia en Bolivia en el marco de protestas y bloqueos de carreteras.
Además, observó el impacto en los derechos a la salud, alimentación y otros derechos humanos de la población.
Mediante un comunicado, la Oficina manifestó particular preocupación por reportes de personas fallecidas o gravemente heridas en el contexto de bloqueos y operativos destinados a despejar las rutas en distintos departamentos del país.
“Es indispensable que las autoridades investiguen estos casos de manera pronta, independiente, imparcial y transparente”, dice el reporte.
Asimismo, la Oficina enfatizó que toda actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos.
“Todo uso de la fuerza por los agentes del orden debe ser compatible con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación”.
En ese marco, ONU Derechos Humanos pidió investigar de manera eficaz, imparcial y oportuna toda denuncia o sospecha razonable de uso ilícito de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos por estos agentes.
Lea más: Gobierno gestiona presencia de la OEA y la ONU ante la crisis social en Bolivia
Estado de excepción
El comunicado indica también que la Oficina tomó nota de la abrogación de la ley 1341, que regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de estados de excepción.
En este contexto, resaltó que las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos permanecen vigentes.
La Oficina instó al Gobierno a garantizar el respeto de los derechos humanos. Asimismo, llamó a las autoridades y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y adoptar medidas de desescalada.
“Resulta urgente evitar una mayor violencia y buscar soluciones pacíficas y democráticas”, dice la nota.
Finalmente, la Oficina reiteró su disposición para cooperar con las autoridades y distintos actores sociales en el marco de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos.
