El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista, Renán Cabezas, afirmó que el expresidente Evo Morales no saldrá del Trópico de Cochabamba por determinación de sus bases luego de que la justicia lo convocó para que declare como testigo en el caso Golpe de Estado I.
“Por una determinación orgánica, Evo Morales se va a quedar en Lauca Ñ custodiado. Vamos a defender la soberanía del Estado, (porque) esas son intenciones extranjeras (de detenerlo). En realidad, es la embajada americana la que quiere que sea apresado”, señaló el legislador.
Además, argumentó que la aprehensión de Morales está dirigida a “intereses económicos” e indicó que por esa razón la justicia se presta “a ese juego” en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno.
Según el asambleísta, el comparendo judicial busca que Morales salga del Trópico para ser aprehendido con fines políticos. “Es una acción política”.
El martes se conoció el comparendo judicial que convoca al expresidente Morales, además del actual presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Carlos Romero para que se presenten a declarar el lunes 31 de marzo.
El juez advirtió que en caso de “incomparecencia” se emitirá la correspondiente orden de aprehensión “en su contra”.
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El abogado Martín Camacho, defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, aclaró que, ante la no presentación de un testigo sin justificativo, la justicia deberá librar un mandamiento de aprehensión con la única finalidad de que cumpla su deber de declarar y someterse al interrogatorio y luego puede retirarse a su domicilio.
“Como defensa del gobernador Camacho vamos a solicitar, en todo caso, que, habiendo sido notificado, si no se presentan los testigos pueda librarse el mandamiento de aprehensión, porque es sumamente importante para el esclarecimiento de los hechos”, mencionó.
A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.
Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes militares.
Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
