El gobierno español decidió rescindir un contrato de compra de munición a una empresa israelí, cediendo a las presiones de la plataforma de izquierda radical que comparte el poder con los socialistas.
La anulación del contrato para comprar municiones a la empresa israelí IMI Systems por 6,8 millones de euros (unos 7,8 millones de dólares) fue aplaudida por Yolanda Díaz, número tres del gobierno y figura destacada de Sumar, la plataforma que gobierna junto a los socialistas de Pedro Sánchez.
España no puede hacer «negocios con un gobierno genocida (…) que está masacrando al pueblo palestino», dijo a periodistas Díaz, quien dijo haber negociado con los ministros socialistas del Interior y Defensa para parar el contrato.
Por su parte Israel condenó «enérgicamente» la decisión del Gobierno «así como su anuncio de que en el futuro se abstendrá de concluir acuerdos de defensa con empresas israelíes», dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores.
Para el partido Sumar, la anulación es un punto a favor tras haber sufrido un revés el martes, cuando el consejo de ministros aprobó, pese al rechazo de la izquierda radical, un plan por unos 12.000 millones de dólares para elevar el gasto militar español al 2% del PIB, como exige la OTAN.
Un nuevo golpe hubiera sido muy duro para Sumar, sobre todo por su rivalidad con Podemos, formación que antes gobernó con los socialistas pero que hoy, fuera del ejecutivo y reducida a cuatro diputados, quiere volver a posicionarse como líder de la izquierda radical.
El contrato con IMI Systems «vulneraba la legalidad internacional», afirmó Díaz, quien calificó la situación en Gaza, donde siguen las operaciones militares israelíes, de «genocidio».
«El compromiso con el pueblo palestino es absoluto y no hay relativismo en la defensa de los derechos humanos», agregó.
El gobierno de Sánchez, que ha hecho del apoyo incondicional a la causa palestina uno de los principales ejes de su política exterior, reconoció oficialmente en mayo a Palestina como Estado, lo que perjudicó sus ya malas relaciones con el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.
‘¿Quién va a pagar?’
El miércoles, fuentes del Ministerio del Interior habían dicho que el contrato con la empresa israelí seguía adelante toda vez que los servicios legales del Estado desaconsejaron rescindirlo, ya que de hacerlo se hubiera tenido que abonar el dinero sin recibir el material.
Este jueves, fuentes del gobierno, que confirmaron la anulación del contrato, dijeron que la abogacía del Estado y los ministerios implicados «ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones».
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), principal formación de oposición, criticó con dureza al gobierno de izquierda.
«Cuando un Estado hace un contrato con otro Estado, hay que cumplir ese contrato», dijo Feijóo, en referencia a que IMI Systems pertenece al Estado israelí.
«¿Cuánto vale la rescisión de ese contrato? ¿Quién va a pagar la rescisión de ese contrato?», se preguntó.
Pero para los socialistas lo más importante era poner fin a la polémica con su aliado de izquierda radical y restablecer la apariencia de estabilidad dentro del gobierno.
«No hay ninguna crisis en el Gobierno», había afirmado Díaz incluso antes de la anulación de lo que ella misma calificó en sus redes sociales de «contrato de la vergüenza».
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