A menos de dos semanas de la segunda vuelta, el debate sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) volvió a encenderse tras la denuncia penal presentada contra los magistrados autoprorrogados. Los constitucionalistas Felipe Cordero, Franklin Gutiérrez y Silvia Salame coincidieron en que la segunda vuelta no corre peligro y que las decisiones tomadas por ese órgano tras el fin de su mandato pueden ser anuladas.
El martes, El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, interpuso una acción legal contra los magistrados autoprorrogados del TCP. La causas son usurpación de funciones y de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Según el TCP se pone en riesgo el balotaje del 19 de octubre, algo que también advirtió la alianza Libertad y Democracia (Libre) que pugna por la silla presidencial.
“No se pone en riesgo las elecciones. De ninguna forma”, indicó Cordero en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón. Además, sostuvo que los actuales magistrados “ya cesaron en sus funciones” y actúan como “ciudadanos de a pie que se han atribuido prerrogativas que no les corresponden”.
Gutiérrez complementó con que ni “por la denuncia ni por las acciones judiciales” se pone en riesgo el balotaje. En términos legales, el tiempo “no alcanza” ya que sería inviable que en dos semanas haya imputaciones o juicios.
Mientras que Salame, sostuvo que los “prorrogados” suponen un riesgo para el proceso electoral. Y, que su ausencia no afectaría la elección “porque el TCP no es el que va a administrar el proceso electoral”.
Fallos
Sobre la validez de las decisiones emitidas por el TCP desde enero de 2024, Cordero advirtió que pueden ser anulables. “Si una institución emite ciertos fallos, emite ciertas opiniones durante un periodo que no le corresponde, directamente son anulables”, explicó.
En esa misma línea, Salame coincidió en que los fallos del TCP “son susceptibles a ser anulados”. Explicó que cualquier ciudadano que se sienta afectado por un fallo podría pedir la nulidad. Sin embargo, no se puede generar un caos jurídico, por lo que seguramente “se validarán aquellos que no sean impugnados”.
Finalmente, la constitucionalista sostuvo que se debe enjuiciar a los magistrados prorrogados deben “por traición a la patria”. Considera que afectaron la Constitución Política del Estado de la que “eran garantes” y además fallar en beneficio propio.
A finales de 2023, cinco magistrados del TCP, a través del Auto Constitucional 49/2023, extendieron su mandato un día antes de que concluyera su periodo constitucional. Se trata de Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
