Los pacientes renales en Bolivia no solo enfrentan la enfermedad y la dependencia de la diálisis de tres veces por semana, sino también la discriminación laboral y la incertidumbre sobre si el Estado cumplirá con los pagos a los centros de hemodiálisis que garantizan su tratamiento.
“Cuando nos hacen el diagnóstico, a nosotros nos dicen paciente crónico terminal. Y al decir paciente crónico terminal, es que nuestro riñón ya no está funcionando. De esa manera empieza nuestro calvario” relató el secretario de organización de la Asociación Vida y Esperanza de Santa Cruz, Marco Antonio Torrez en entrevista con La Razón Radio.
Los pacientes deben acudir tres veces por semana a hemodiálisis. Cada sesión dura cuatro horas y deben observar cómo la mitad de su sangre circula por tubos transparentes, que entra y sale de su cuerpo. La sangre se filtra en una máquina que elimina toxinas, pero también proteínas, por lo que luego necesitan inyecciones de hierro, vitaminas y eritropoyetina.
Desempleo
El desgaste no es solo físico. La rutina de tratamiento dificulta que mantengan un trabajo formal, y muchos empleadores los rechazan.
“Podemos estar cobrando peajes, podemos estar cobrando, ponernos en la alcaldía, a trabajar en las plazas, a vigilar. Pero no nos dan ese trabajo cuando saben que nosotros somos pacientes generales, piensan que nos vamos a morir al instante”, indicó.
Deudas
Desde hace dos meses, los pacientes tuvieron que salir a las calles porque el Estado no pagaba a tiempo a los centros de hemodiálisis privados con los que tiene convenios.
Finalmente, este martes, la justicia conminó al Estado a garantizar el tratamiento de diálisis para los pacientes renales. Luego, el Ministerio de Salud emitió un instructivo de “cumplimiento obligatorio” para que no se interrumpa el servicio de hemodiálisis a los pacientes renales.
Trasplantes
Otro reclamo, es el acceso a trasplantes renales. Según los registros de la asociación, en los últimos tres años apenas se realizaron tres, pese a compromisos del Gobierno. Otros quedaron truncos cuando clínicas privadas cerraron. A eso, se añade el bajón psicológico que sufrieron los pacientes, “ya no quieren vivir más”, agregó.
La falta de donantes y de una política sostenida de procuración de órganos agrava el panorama. “Dicen que el trasplante es gratuito, pero en el proceso empiezan a subir los costos. El que no tiene recursos no se trasplanta”, denunció.
En 2024 se registró un total de 6.400 pacientes con enfermedad renal y cada año los casos se incrementan entre el 12 y 14%. Solo en Santa Cruz son alrededor de 1.000.
La mayoría llegó a esa situación por complicaciones de diabetes, hipertensión o cálculos no tratados a tiempo.
