El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor sostuvo una reunión con la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia (Cifabol) e importadoras de medicamentos, para discutir sobre el abastecimiento de estos productos en centros de salud, hospitales y farmacias ante la subida del dólar.
En entrevista con La Razón Radio, el viceministro Jorge Silva explicó que el encuentro concluyó con la necesidad de convocar a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) para analizar los precios reales de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname), y poder adecuarlos a la crisis económica que vive el país en la actualidad y de esta forma destinar una parte del nuevo Presupuesto General del Estado (PGE) que abastezca a la población.
Según las estimaciones, este sector, entre importadores de medicamentos y de insumos, requiere un total de 408 millones de dólares para completar el suministro de estos productos a la población. Este presupuesto será entregado a las nuevas autoridades del legislativo y ejecutivo que iniciaran funciones a partir del 8 de noviembre.
“El presupuesto lo tenemos que elaborar nosotros como gobierno, pero la tienen que aprobar las próximas autoridades legislativas. Porque hasta que ellos conozcan cómo funciona el Estado e identifiquen cuáles son los problemas neurálgicos que tenemos como país, pueden pasar varios meses. Creemos que cualquier desabastecimiento el próximo año podría ser catastrófico para las personas que dependen de un medicamento” señaló.
Independizar la institución
Al criterio de Silva, es necesario gestionar la independencia del viceministerio que preside, en relación al gobierno de turno. Esto porque uno de los objetivos de la institución es atender las denuncias de los consumidores no solo, de productos y servicios del sector privado sino también del público.
“Hemos planteado en diferentes reuniones la necesidad de que el Viceministerio de Defensa del Consumidor se convierta en una entidad autónoma. Esto para que no dependa del poder político. Que sea una institución que defienda sin ninguna limitación al usuario, al consumidor. Porque también el Estado presta servicios. Ahí tienes un limitante porque eres parte del gobierno y por lo tanto no puedes ser juez y parte”, manifestó.
La autoridad citó el ejemplo de México, que cuenta con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) un organismo descentralizado que tiene la capacidad para resolver los problemas entre consumidoras y proveedores. Se encarga de aplicar las medidas correctas para la protección de quienes adquieren algún bien, producto o servicio.
“Siento que esta institución debería avanzar en el futuro para constituirse en una entidad absolutamente autónoma, que no dependa de ningún órgano del Estado. Así como tenemos al Defensor del Pueblo, por ejemplo, para que realmente se pueda defender los derechos de los usuarios y consumidores”, finalizó.
