El inicio del plan definitivo de parqueos tarifados en la ciudad de La Paz abrió un nuevo debate entre la Alcaldía y el Concejo Municipal. Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de un programa moderno, autosostenible y necesario para recuperar el espacio público, la oposición advierte que la medida carece de legalidad, criterios técnicos y sensibilidad social.
Alcaldía
En entrevista con La Razón Radio, el jefe de Fomento y Promoción a las inversiones de la Alcaldía, Carlos Laguna, explicó que el sistema no genera gasto municipal, sino asegura ingresos fijos. “El municipio no ha gastado ni un peso, no ha puesto, no ha invertido ni un peso en este proyecto, las empresas son las que han puesto todo el dinero y el municipio está ganando”, afirmó.
Según el funcionario, son cuatro empresas que obtuvieron la autorización para implementar el servicio durante un año. Se estima que, la Alcaldía recibirá el 15% de toda la recaudación bruta, mientras que las compañías tendrán una utilidad del 13%. Además, se implementó bajo el argumento de que la medida responde a un problema de uso indebido del espacio público que se pretende recuperar.
Parqueos tarifados
Desde el lunes se habilitó la administración de parqueos tarifados en seis zonas de la ciudad. En Calacoto, San Miguel, Obrajes, Miraflores, Sopocachi y el centro.
El procedimiento es digital. Los usuarios deben registrar la placa y el tiempo de permanencia en la aplicación Mis Cuentas Bolivia o en su versión web. El pago se realiza mediante QR. Las tarifas son de Bs 3 por media hora y Bs 5 por hora para automóviles; Bs 2 y Bs 3 para motocicletas. Laguna destacó que el plan piloto, realizado durante dos meses, validó la aceptación ciudadana y demostró efectividad en la rotación de espacios, con más de 1.500 transacciones en un solo día.
Pérez del Castillo
Sin embargo, para la concejala Roxana Pérez del Castillo el proyecto, que según la legisladora no pasó por el Concejo, vulnera normas de concesiones y transparencia.
“No estamos en contra de los parqueos tarifados y de ordenar las calles (…). Estamos en contra de la falta de planificación urbana cuando se trata de la asignación de recursos públicos. Es decir, estamos en contra de la forma del qué y el cómo”, indicó.
En criterio de Pérez, hay un sinnúmero de observaciones técnicas. Denunció que los cajones de estacionamiento ubicados en zonas donde ya existían señalizaciones que prohíben parquear, espacios reducidos que afectan la circulación de buses PumaKatari, e incluso la instalación de parqueos junto a basureros. Además, denunció que la aplicación tiene fallas y genera inseguridad en los usuarios.
En lo económico, indicó que el beneficio municipal es mínimo. Aseguró que de cada Bs 100 que ingrese, apenas Bs 10 retornará al municipio. Además, indicó que a los cuidadores de autos -que ya pagan patentes al municipio- se les excluyó del sistema. A esto se suma la dificultad para personas sin celular, sin acceso a internet o sin cuenta bancaria.
Frente a estas observaciones, Pérez del Castillo anunció que presentará un proyecto de ley para dejar sin efecto los contratos de autorización.
