El instructivo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para revisar las detenciones preventivas de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, reavivó el debate sobre el uso indiscriminado de esta medida cautelar.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, los juristas Silvia Salame, Ramiro Orías y Audalia Zurita coincidieron en que la prisión preventiva en el país se convirtió en una regla y no en una excepción. Con consecuencias de hacinamiento, vulneración de garantías y persecución política.
Camacho, está detenido desde diciembre de 2022. Pumari, lleva tres años y medio encarcelado. Mientras que en marzo de 2021 de aprehendió a la expresidenta. Los casos son vinculados al caso denominado Golpe de Estado I.
Según la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, la detención preventiva no debería exceder los seis meses. Sin embargo, datos de Régimen Penitenciario muestran que hasta 2024 el hacinamiento carcelario alcanzó el 105%. Casi seis de cada diez internos (58,7%) están privados de libertad sin sentencia.
Detención preventiva
Orías, también director de la Fundación para el Debido Proceso advirtió que el problema de la detención preventiva es consecuencia de las “contrarreformas al código de procedimiento penal”. Consideró que es un “avance” dar prioridad a estos detenidos. Sin embargo, se deben plantear políticas contra el hacinamiento y el uso “indiscriminado de la prisión preventiva”.
Salame, quien fungió como magistrada del Tribunal Constitucional, remarcó que el abuso de la detención preventiva se repite desde hace más de 20 años, bajo diferentes gobiernos. “El Órgano Judicial se convirtió en ejecutor de pensamientos de venganza política”, afirmó. Denunció que esto llega desde el periodo de Evo Morales, de Áñez y ahora en la gestión Luis Arce. Añadió que la exsenadora debía enfrentar un juicio de responsabilidades. Mientras que Camacho y Pumari debieron ser procesados en sus distritos de origen.
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Por su parte, Zurita, exfiscal de La Paz subrayó que el problema trasciende a los tres casos mediáticos. Sin embargo, denunció que los casos se emitieron para garantizar la persecución política. “Ellos sabían que los procesos iban a durar más de los tres años que prevé el Código de Procedimiento Penal y necesitaban satisfacer (a diferentes sectores)”, afirmó.
Además, recordó que las reformas legales crearon delitos “inexcarcelables”, lo que incrementa la vulneración de derechos.
Protestas
La medida del TSJ también provocó reacciones en las cárceles. Tres días después de conocerse el instructivo, se registraron motines en la cárcel de San Pedro, en La Paz y en Palmasola, Santa Cruz.
Tras las protestas, este lunes, a través del Instructivo N° 19/2025 se amplió la medida. Se ordenó a los tribunales departamentales revisar en 24 horas los plazos de las detenciones preventivas. Además, dispone que, cuando el procesado se encuentre en un recinto distinto al distrito donde radica el caso, sea trasladado al lugar o, de manera excepcional, se utilicen medios virtuales para la audiencia.
