La exsecretaria ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud de Potosí (Frutcas), Yamile Cruz, reconoció errores en la dirigencia potosina y en el Movimiento Al Socialismo (MAS), a quienes acusó de desaprovechar la oportunidad de aprobar una ley de litio. También advirtió que el próximo gobierno tendrá la obligación de encarar esa tarea.
“El tema es que no ha habido una garantía, no ha habido una ruta clara. Nosotros siempre lo hemos dicho, es la ley del litio. Quizás antes no lo han hecho como debería ser”, sostuvo en entrevista con La Razón Radio.
Cruz admitió que existieron falencias y responsabilizó al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) de “oponerse por oponerse”. También a la falta de voluntad política del MAS. Recordó que, en 2019, cuando Evo Morales contaba con dos tercios en la Asamblea Legislativa, pudo haber aprobado una ley que asegure regalías justas, estudios ambientales y consulta previa, pero no lo hizo.
La exdirigente destacó que ya existe un proyecto de ley consensuado entre organizaciones de Potosí y otras instituciones, con mesas técnicas que superaron divisiones políticas. Indicó que el próximo gobierno debe tener “clara esa figura” y encarar la responsabilidad de una ley de litio.
“Necesitamos una ley de litio que contemple regalías justas para la región y para el Estado boliviano. Además de garantizar la consulta previa, los estudios hidrológicos y todos los aspectos ambientales”, insistió.
Suspensión de contratos
El miércoles, una jueza del Tribunal Agroambiental de La Paz ordenó la suspensión del tratamiento de dos contratos de litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se trata de los acuerdos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con el consorcio chino Hong Kong CBC y la empresa rusa Uranium One Group.
Cruz consideró que esta decisión judicial ratifica que el litio no puede explotarse sin un estudio ambiental serio e imparcial.
Los contratos ya fueron aprobados en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, pese a las protestas de legisladores opositores y del Comcipo. Sin embargo, el pleno de la Asamblea aún no trató los documentos, en medio de críticas y rechazo por la intención de aprobarlos en la recta final de la gestión gubernamental.
