Roxana Pérez del Castillo y Jorge Dulón, concejales paceños de distintas bancadas, cuestionaron al Ejecutivo edil por autorizar el uso de calles para parqueos tarifados por parte de empresas privadas.
Parqueos tarifados
En entrevista con Piedra, papel y Tinta de La Razón, Pérez del Castillo denunció que el nuevo sistema de parqueo fue instalado sin base legal vigente, mediante autorizaciones temporales otorgadas a cuatro empresas privadas para administrar más de 5.000 espacios públicos. Aseguró que estas autorizaciones se emitieron con base en ordenanzas que están subordinadas a la ya derogada Ley 2028 de Municipalidades.
“Esta ley ha quedado sin efecto porque en nuestro marco nacional se ha puesto en vigencia la ley de autonomías”, indicó.
Denunció que el Ejecutivo evitó pasar por el pleno del Concejo para no transparentar las condiciones técnicas y económicas del proyecto en un acuerdo cerrado “entre cuatro paredes”.
Explicó que el proyecto genera ingresos estimados de Bs 20 millones para las empresas y apenas un 10% para el municipio. Los cobros van de Bs 5 a 8 por hora. Las sanciones incluyen inmovilización con grampas (Bs 400) y remolques (hasta Bs 800), sin que las empresas hayan “invertido” en mantenimiento vial.
Más temprano, en La Razón Radio, Dulón advirtió que el sistema no se socializó ni estructurado bajo las normas de una alianza público-privada. Dijo que el uso de los espacios públicos genera cuestionamientos en la población por quienes desconocen el uso del sistema, por el tema de los precios y finalmente por los gremiales que se dedican a cuidar autos.
“Por una parte se cobra desde una empresa privada a los parqueos. Pero, por otra parte, ellos tienen la potestad y el permiso de poder cobrar por cuidar los autos”, explicó.
Proyecto «Parqueo para Todos»
El proyecto “Parqueo para Todos” se presentó como una respuesta a la falta de estacionamientos. El alcalde Iván Arias destacó que se trata de una inversión de más de Bs 2 millones y proyectó una recaudación de Bs 50 millones.
Sin embargo, según el análisis legal presentado por el despacho de Pérez del Castillo, se vulneró al menos cuatro principios jurídicos: el uso indebido de bienes públicos, la aplicación de normativa abrogada, el incumplimiento del principio de legalidad y la posible existencia de daño económico al municipio.
Fiestas julias en riesgo
La otra cara del conflicto está en el Concejo Municipal. No hay nueva directiva desde el 3 de mayo, cuando terminó la gestión de la presidenta Lourdes Chambilla. Un fallo judicial dejó sin efecto la elección de Lucio Quispe como presidente del Concejo.
Pérez del Castillo advirtió que esta parálisis amenaza no solo el desarrollo normativo y fiscalizador del municipio, sino también la celebración del 16 de julio, fecha clave por tratarse del Bicentenario.
“No es solamente que las fiestas julias están en riesgo. Están en riesgo los proyectos de vida que están prácticamente archivados en el pleno del Consejo”, advirtió.
Mientras que Dulón advirtió que, si no se elige una nueva directiva esta semana, no habrá sesión de honor ni actos oficiales desde el Legislativo municipal.
“No van a dar (los tiempos) para poder organizar desde el Concejo. Por ejemplo, la sesión de honor que es efectuada todos los años en julio”, indicó.
Ambos ediles anunciaron que, de no corregirse la situación, promoverán acciones legales y procesos penales por incumplimiento de deberes.
