El economista Jorge Akamine, el consultor internacional Andrés Brockmann y el analista político Vladimir Peña, analizaron el impacto del Decreto Supremo 5503 que elimina la subvención de los carburantes, señalaron una falta de planificación política y social, en su aplicación.
“La medida era necesaria, más allá si es positiva o negativa, hay que reconocer que era necesaria. Lo que me puede preocupar un poco es que el punto flaco, es el manejo político. Es importante el equipo de contención política que pueda hacer el gobierno, porque date cuenta, ahorita, por qué son las marchas o los paros, por el incremento del precio del combustible”, explicó Akamine en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Por su parte, Peña criticó la falta de tacto que ha tenido el gobierno para comunicar las medidas, lo que, a su criterio ha generado un rechazo ante estas, no solo desde sectores sociales que han anunciado paros y bloqueos en contra del decreto, sino desde la Asamblea Legislativa, y el propio vicepresidente del Estado, Edmand Lara.
“Es una imagen algo rara, que el vicepresidente salga con los jefes de bancada de la oposición, especialmente de Alianza Libre (Libertad y Democracia), transmitiendo una posición de rechazo a la decisión del gobierno, eso ha abierto un escenario distinto (…) Hay un caldo de cultivo en contra de estas medidas que obviamente los políticos van a querer capitalizar, y en ese sentido el primero en la lista es el vicepresidente”, señaló.
Tres escenarios
Peña abrió la posibilidad de tres escenarios que se podrían generar a raíz de la convulsión social que está generando el rechazo al decreto. El primero es que el gobierno logre mantener las medidas y controlar las protestas. El segundo plantea la posibilidad de que pueda repetirse lo sucedido en 2010, durante el “gasolinazo” de Evo Morales, donde la gente hizo dar un paso atrás al gobierno que terminó abrogando el decreto. Y finalmente, la tercera alternativa propone un punto medio, donde el gobierno pueda ceder a modificar algunas de las medidas, a favor de distintos sectores sociales.
“Desde mi perspectiva el segundo escenario dejaría deslegitimado al gobierno de Rodrigo Paz para tomar otras medidas de igual o mayor calado que necesita este país en crisis (…) De alguna manera esto va a poner en tela de juicio la solvencia del gobierno del presidente”, afirmó.
La noche del miércoles, el presidente Rodrigo Paz, acompañado por su gabinete de ministros, anunció la promulgación del Decreto Supremo N° 5503 compuesto por una serie de medidas económicas como la eliminación a la subvención de los hidrocarburos, el aumento del 20% al salario mínimo nacional y el incremento de bonos sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto.
Precios del diésel y la gasolina
En cuanto al impacto económico del decreto, Akamine señaló que la subida de los precios en otros artículos a raíz de la eliminación en la subvención de los hidrocarburos “será temporal”, pues el pico inflacionario va a ser producto de la especulación. “No va a durar mucho, porque si la gente no compra y no paga, los precios tienden a bajar y buscar el nuevo equilibrio”.
Finalmente, Brockmann vio posible una disminución en los precios de los carburantes, pues si el Gobierno decide adoptar un modelo global de mercado, debe minimizar su participación y estar consciente de que este siempre busca un equilibrio.
“Es probable que a futuro el precio cuando sea liberado y la participación del Estado sea mínima, los actores privados van a buscar la eficiencia y van a tratar la forma de disminuir los costos logísticos y de provisión de combustible, entonces cuando esto ocurra puede ser que el precio baje” culminó.
