Sin dólares ni combustibles, Bolivia atraviesa una de sus crisis económicas más complejas de las últimas décadas. La brecha cambiaria se ha ampliado dramáticamente, con la moneda estadounidense cotizándose a casi tres veces el tipo de cambio oficial en el mercado paralelo. Esta situación ha desencadenado una serie de distorsiones en la economía que van desde la pérdida de confianza ciudadana hasta el deterioro del comercio exterior, configurando un panorama de incertidumbre que demanda respuestas urgentes y estructurales.
Roberto Laserna, economista e intelectual boliviano, es una de las voces más autorizadas para analizar esta coyuntura. Doctor en Planificación Regional y Urbana por la Universidad de Berkeley, Laserna ha dedicado su carrera académica al estudio de los problemas estructurales de la economía boliviana. Autor de obras fundamentales como «La trampa del rentismo… y cómo salir de ella», entre otras, ha sido profesor en la Universidad Mayor de San Simón y ha enseñado en prestigiosas instituciones como Princeton y la Universidad del Pacífico de Lima. Actualmente se desempeña como director e investigador de CERES y presidente de Fundación Milenio, desde donde mantiene un análisis propositivo sobre la realidad económica del país.
En esta entrevista exclusiva con Energías & Negocios, de La Razón, Laserna ofrece un diagnóstico contundente sobre la crisis actual, caracterizándola como una situación que ya ha derivado en una «dolarización de facto» donde los ciudadanos buscan desesperadamente preservar sus ahorros. Las recomendaciones que brinda apuntan hacia reformas estructurales profundas que incluyen la eliminación del déficit fiscal, la liberalización de mercados y la implementación de un sistema masivo de transferencias directas a la ciudadanía, todo ello acompañado de un «pacto por la institucionalidad» que fortalezca el sistema judicial.
¿Cuáles son las consecuencias inmediatas y estructurales del aumento del dólar paralelo en la estabilidad macroeconómica, el comercio exterior y la confianza de la población?
En estos días, la brecha cambiaria se ha ampliado muchísimo. El dólar se ha cotizado en casi tres veces más que el tipo de cambio oficial. Este es un indicador muy claro de que estamos ya viviendo una crisis muy severa y, por tanto, estamos en un momento de mucha incertidumbre e inestabilidad. La dolarización de facto que estamos viviendo, con la gente buscando desesperadamente dólares para defender sus ahorros, indica la absoluta necesidad de certezas que tiene la gente.
La incertidumbre aumenta la desconfianza y la tendencia muestra riesgos de un mayor deterioro. Para proteger sus ahorros, la gente recurre cada vez más a los mercados paralelos, los inversionistas paralizan proyectos y buscan también comprar bienes que les ayuden a preservar el valor de su patrimonio, suben los costos de importación y, por tanto, los precios de todos los productos y servicios que dependen de bienes producidos en el exterior. Por tanto, la diferencia entre el tipo oficial y el tipo real marca la gravedad de la crisis.
¿Hasta qué punto es sostenible mantener el tipo de cambio oficial fijo en Bs 6,96 por dólar?
El «dólar oficial» es, hoy, una evidencia de la negativa del gobierno a reconocer la crisis.
Son muy pocos los que consiguen dólares a ese precio y posiblemente logran grandes beneficios con ello, de manera que resulta ser una fuente de injusticias que discrimina a quienes los necesitan pero que no pueden comprarlos al tipo oficial.
Es también una fuente de tensiones sociales porque compradores y vendedores utilizan distintos parámetros de cálculo y, si no intentan engañarse mutuamente, de todos modos, se sienten engañados. La dimensión colaborativa o de cooperación que tiene normalmente el comercio está dañada y eso perturba las relaciones sociales.
Mantener un cambio fijo tiene sentido solamente con disciplina fiscal, que no la ha tenido el gobierno, y sostenerlo solamente sería posible si estuviéramos en condiciones de aumentar súbita y masivamente las exportaciones, lo que no es posible por el agotamiento de las reservas de gas y la falta de inversiones. El gobierno ha eludido tomar medidas para corregir los desequilibrios generados por sus políticas, y nos encaminamos a una crisis que puede ser más grave que la de los años 1980.
En una economía «bolivianizada» (con créditos y ahorros mayormente en bolivianos), ¿cómo impactaría una devaluación oficial en la economía y la estabilidad del sistema financiero?
Una devaluación oficial permitiría que las cuentas reflejaran mejor la actual realidad económica, donde ya se ha producido de hecho una devaluación real. Pongo un ejemplo: la Gestora de Pensiones dice que los aportantes han acumulado ya cerca de 28 mil millones de dólares. Si se devaluara oficialmente, tendrían que recalcular ese monto, acercándolo a su valor real, que es seguramente menos de la mitad. Siguen siendo 195 mil millones de bolivianos, pero con ellos se podrían comprar mucho menos que 28 mil millones de dólares. Es decir, la pérdida que ya han sufrido esos aportes se haría visible con una devaluación oficial.
Lo mismo sucedería con los bancos. No es que ellos, los ahorristas y los prestatarios perderían con una devaluación. ¡Ya perdieron!
Pero en la medida en que el sistema financiero, los depositantes y los acreedores hagan sus cuentas en bolivianos, su estabilidad no será seriamente afectada, pero todos verán que sus valores en dólares se reducen. Del valor de hoy, que ya es apenas una ilusión, a un valor más real. Eso será duro, como despertar de golpe cuando el sueño es lindo. Pero solo despiertos resolvemos los problemas.
¿Qué medidas urgentes se pueden recomendar desde la ciencia económica en este tipo de situaciones?
Toda recomendación debe considerar los contextos históricos y políticos específicos que se viven. Dicho eso, debemos reconocer que los agentes económicos necesitan certidumbre, y eso solamente lo puede dar un sistema transparente de precios y la seguridad de que los contratos serán respetados.
Muchas cosas enturbian el mercado y le quitan transparencia al sistema de precios, como un tipo de cambio fijo que no es real, un mercado paralelo inestable porque es muy sensible a la especulación, los subsidios a los carburantes y algunos alimentos, los controles de precios y permisos de producción y exportación. La intervención gubernamental con controles de precios, permisos, multas y castigos lo enturbian todavía más. Y si las leyes no son respetadas y los tribunales hacen un uso arbitrario de su poder de impartir justicia, la inseguridad atemoriza a algunos y alienta a los más audaces y abusivos, multiplicando la especulación y agravando la inestabilidad. En estas condiciones, pierden los más vulnerables y pobres.
De lo anterior se deduce que para enfrentar esta crisis se requiere generar certidumbre y transparencia, lo que implicaría al menos levantar la intervención política de los mercados (no más fijación de precios, tasas de interés y tarifas de servicios; no más cupos, permisos y cuotas; libre uso de monedas y libertad de realizar contratos), eliminar el déficit fiscal que es la principal fuente de inestabilidad, abrir mercados para estimular la producción y exportación y me atrevería a plantear la necesidad de establecer un pacto por la institucionalidad, que tienda especialmente a reconstruir un sistema judicial independiente.
Al mismo tiempo, debe darse a la gente protección frente a ese ajuste. Tendría que establecerse un sistema masivo de transferencias de dinero hacia la ciudadanía, también con seguridad y certidumbre, para que puedan administrar su propia adaptación al ajuste. En base al modelo de la Renta Dignidad habría que transferir a los hogares todo lo que deje de utilizarse en subvenciones y lo que se recauda por rentas de recursos naturales, alentar la expansión de los seguros masivos de salud y promover la formalización mediante una radical simplificación del sistema impositivo que reduzca la carga tributaria para las personas y empresas pero, ampliando la base, recaude más y mejor, es decir, con más legitimidad.
En este esbozo estamos pensando en que el shock estabilizador sea sobre todo para el Estado y que los ciudadanos cuenten con instrumentos para protegerse y adaptarse a la situación.
¿Qué escenarios prospectivos son más probables desde su perspectiva: ¿una recesión profunda, una recuperación moderada o un ajuste estructural traumático?
Si se continúa con la política económica que se ha venido aplicando en los últimos años, las tendencias se harán más agudas, la inestabilidad será mayor y nos seguiremos hundiendo en recesión con inflación. Es el peor escenario, pero no se lo puede descartar.
Una recuperación moderada exigiría un gobierno muy fuerte, con amplio consenso y apoyo político, institucional y ciudadano, que pueda aplicar una política gradual que se mantenga por al menos 10 años. Es un escenario intermedio, pero es además el menos probable dada la fragmentación política y el deterioro institucional.
A mi entender, y conociendo la historia de las crisis, el ajuste debe ser rápido y de shock, que estabilice rápidamente la economía y le devuelva transparencia y certidumbre. No tiene por qué ser necesariamente traumático si se lo acompaña de un ajuste del gasto que lo lleve del Estado a las familias, ya que estas saben mejor lo que necesitan que los burócratas y políticos.
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