La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) expresó su “profunda indignación y preocupación” por la situación que atraviesa el sector transportista a raíz de los bloqueos de carreteras en distintas rutas del país, que —según señalan— han generado una situación de indefensión para conductores y unidades varadas.
En un pronunciamiento público, la institución afirmó que el transporte boliviano se convirtió en un “rehén civil de los conflictos políticos y sociales”, utilizado como “herramienta de presión” en las movilizaciones.
El sector denunció que los bloqueos se emplean como mecanismo de negociación política, afectando directamente a los transportistas que quedan retenidos contra su voluntad, con pérdidas económicas y riesgos personales.
Asimismo, Cadetran alertó que los conductores varados enfrentan condiciones críticas, como falta de acceso a alimentación, higiene, atención médica y seguridad, lo que —según el sector— vulnera derechos fundamentales como la libre locomoción y el derecho al trabajo.
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Transporte
También señalaron que miles de transportistas permanecen expuestos en las carreteras a condiciones climáticas adversas y posibles riesgos de seguridad, sin que —a su criterio— exista una respuesta efectiva del Estado o de instancias de protección.
En el documento, el sector advierte además un fuerte impacto económico debido a la interrupción de la cadena logística, pérdidas de cargas perecederas, sanciones por retrasos y el deterioro de las economías familiares de los transportistas.
Ante esta situación, Cadetran exige a las autoridades estatales asumir acciones inmediatas para garantizar la libre circulación en las carreteras, la liberación de vehículos y conductores retenidos, así como la protección de la integridad del sector.
El pronunciamiento también pide la implementación de mecanismos de resguardo que eviten que los transportistas sean afectados por conflictos sociales y políticos, subrayando que el sector no forma parte de disputas políticas y que su rol es esencial para la economía del país.
Finalmente, la institución afirmó que el transporte boliviano “no puede seguir pagando el costo de conflictos ajenos”. Y demandó condiciones para trabajar con normalidad y seguridad en todo el territorio nacional.




















































































