El economista Fernando Romero señaló que el proyecto de “Ley de Transparencia y Alivio Tributario”, presentado por el Gobierno, puede generar beneficios parciales en el corto plazo, pero advirtió que su impacto a mediano y largo plazo dependerá de la forma en que se aplique y del contexto fiscal del país.
Según su análisis, la iniciativa busca condonar deudas, formalizar la economía e introducir ajustes en el sistema impositivo; sin embargo, también implica un costo para las finanzas públicas. “El Estado podría dejar de percibir ingresos fiscales equivalentes al 0,5% al 1% del PIB aproximadamente”, indicó, aunque añadió que en un escenario optimista la mayor formalización podría elevar la recaudación entre 0,6% y 0,9% del PIB.
En ese sentido, sostuvo que los efectos financieros “deberían ser cuantificados y socializados por el gobierno” para evaluar si la norma realmente beneficia al país.
Romero explicó que, en el corto plazo, las medidas pueden aliviar la situación de contribuyentes con deudas acumuladas, incentivar la formalización de pequeños negocios y reducir la litigiosidad tributaria.
Condonación
No obstante, advirtió que “la condonación amplia reduce ingresos fiscales potenciales” y que el denominado “IVA transparente” no modifica la tasa nominal del 13%, sino únicamente la base de cálculo, por lo que su impacto en precios podría ser limitado. En síntesis, concluyó que se trata de “medidas de ordenamiento y alivio, no una reforma tributaria integral”.
Respecto a los beneficiarios, afirmó que los principales favorecidos directos serían los contribuyentes con deudas antiguas —especialmente empresas medianas y grandes con procesos largos—, aunque también habría ventajas para compañías con obligaciones entre 2018 y 2026, al eliminar multas e intereses y reducir riesgos judiciales. Los pequeños emprendedores obtendrían simplificación administrativa y una tasa reducida, pero con escaso efecto fiscal debido a su menor aporte relativo a la recaudación.
Nueva ley tributaria
El economista también identificó tres aspectos positivos: mayor seguridad jurídica por la reducción del plazo de prescripción, descongestión del sistema tributario y estímulo a la formalización.
Entre los negativos mencionó el riesgo moral de futuras amnistías, el impacto fiscal inmediato en un contexto de déficit estructural y la falta de cambios en la estructura tributaria, caracterizada por la alta dependencia de impuestos indirectos y elevada informalidad.
A su juicio, la norma combina medidas estructurales —como la reducción de la prescripción y la simplificación para pequeños contribuyentes— con otras predominantemente paliativas, como la condonación masiva y la regularización temporal de deudas.
Recomendación
“Puede mejorar el clima económico y la percepción de seguridad jurídica, pero no resolverá el problema central de Bolivia: déficit fiscal estructural, baja base tributaria formal y alta informalidad”, advirtió.
Como recomendaciones, planteó establecer una regla fiscal creíble con metas plurianuales, ampliar la base tributaria mediante digitalización y facturación electrónica universal, y reformar gradualmente la estructura impositiva para dar mayor peso a los tributos sobre renta y patrimonio.
