Manolo Rojas, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó este lunes un proyecto de ley que plantea el congelamiento de cuentas bancarias, la anotación preventiva de bienes y otras medidas patrimoniales contra dirigentes y organizaciones que impulsen bloqueos, con el objetivo de garantizar el resarcimiento de los daños económicos ocasionados al Estado y a terceros.
El legislador explicó que la iniciativa surge ante las pérdidas económicas registradas durante las últimas semanas a causa de las medidas de presión instaladas en diferentes regiones del país.
Proyecto de ley
“Alguien tiene que responder por los perjuicios que están sufriendo millones de bolivianos”, sostuvo Rojas al presentar la propuesta legislativa.
El proyecto establece mecanismos para que las organizaciones convocantes y sus dirigentes puedan asumir responsabilidades civiles por daños ocasionados a bienes públicos y privados, afectaciones al aparato productivo, interrupciones en el abastecimiento y otros perjuicios derivados de los bloqueos.
Según el diputado, la norma no busca restringir el derecho constitucional a la protesta ni impedir las movilizaciones sociales, sino establecer responsabilidades cuando estas acciones generen daños económicos cuantificables.
Bloqueos
La propuesta contempla medidas precautorias sobre bienes y cuentas bancarias mientras se desarrollen los procesos destinados a determinar responsabilidades y calcular el monto de los perjuicios ocasionados.
Rojas argumentó que los bloqueos registrados en distintas regiones provocaron millonarias pérdidas para sectores productivos, comerciantes, transportistas y ciudadanos que se vieron afectados por el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
El legislador señaló que la iniciativa también busca evitar que los costos de los conflictos recaigan sobre la población y el Estado, mientras los responsables de las medidas de presión quedan exentos de cualquier reparación económica.
Perjuicios
El proyecto será remitido a la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa para su análisis y posterior tratamiento.
La propuesta se conoce en medio del debate nacional sobre los efectos de los bloqueos y las movilizaciones que durante varias semanas afectaron la circulación de productos, el funcionamiento de actividades económicas y la prestación de servicios esenciales en distintas regiones del país.
De aprobarse, la norma abriría un nuevo escenario jurídico respecto a la responsabilidad patrimonial de organizaciones sociales y dirigentes que promuevan medidas de presión, un tema que genera posiciones encontradas entre quienes defienden el derecho a la protesta y quienes demandan sanciones por los perjuicios ocasionados a la economía nacional.
