A casi tres meses del anuncio del Gobierno, la Cámara de Diputados incluyó en su agenda semanal el proyecto de ley para eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), dos gravámenes que el Ejecutivo había anticipado dejar sin efecto el pasado 25 de noviembre como parte de su estrategia de reactivación económica.
El punto figura como el Proyecto de Ley 115/2025-2026, que plantea la abrogación de la Ley 1357, de diciembre de 2020, que creó el IGF, y de la Ley 3446, de julio de 2006, que estableció el ITF, además de todas sus modificaciones posteriores.
Con ello, la Cámara Baja abrirá el debate legislativo para concretar una decisión que el Gobierno ya había definido en el plano político.
En noviembre, el Ejecutivo justificó la eliminación de ambos impuestos con el argumento de aliviar la presión tributaria, mejorar el clima de inversión y dinamizar la economía, en un contexto de ajuste fiscal y ordenamiento de las finanzas públicas.
En ese entonces, el presidente Rodrigo Paz Pereira y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicaron que aunque el Impuesto a las Grandes Fortunas no representaba ni el 1% del PIB, su implementación provocaba que muchas personas saquen su dinero al exterior para no pagar el gravamen.
Impuestos
Por su parte, el ITF, de acuerdo con las autoridades, buscaba evitar las transacciones financieras realizadas en dólares, con el fin de fomentar el uso de la moneda nacional. Sin embargo, debido a la escasez de divisas en el país que inició en 2023, la recaudación de ese impuesto fue cayendo cada vez más, por lo que la actual administración decidió eliminarlo.
Aunque la erradicación de estos impuestos se anunció hace casi tres meses, la medida no había avanzado formalmente en la Asamblea Legislativa, por lo que, en teoría, los gravámenes siguen vigentes y todavía representan una recaudación para el Servicio de Impuestos Nacionales.
De igual manera, la decisión del Gobierno fue cuestionada por algunos actores políticos que consideran que se beneficia a los sectores más privilegiados del país; aunque desde el oficialismo se asegura que toda la población se verá beneficiada si más inversiones ingresan al territorio.
