Mientras el Gobierno entrante anuncia la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos, las petroleras privadas subrayan que el éxito o el fracaso de esta reforma dependerá de al menos tres pilares claros y concretos.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) sostiene que el país solo podrá competir por inversiones si reduce la carga fiscal —el llamado government take—, si restablece mecanismos de arbitraje internacional y si actualiza los precios internos que actualmente desincentivan la producción. El gremio considera que Bolivia aún tiene mucho potencial geológico, pero carece de condiciones mínimas para atraer capital.
“La promulgación de una nueva Ley de Hidrocarburos es necesaria para que Bolivia pueda competir por inversiones con otros países de la región, tomando en cuenta el gran potencial del país”, afirmó la CBHE a La Razón.
Carga fiscal
Sin embargo, señaló que el nuevo marco debe incorporar elementos que no son accesorios, sino indispensables para que la inversión privada regrese al sector. El primero es la revisión de la carga fiscal. En la actualidad, el government take en Bolivia puede llegar “hasta el 90%”, mientras que en países vecinos está “por debajo del 60%”.
Lo que buscan las petroleras privadas no es un regalo, sino viabilidad. “El objetivo es generar un equilibrio entre la factibilidad económica y geológica”, explicaron.
Ese diferencial fiscal, que durante la bonanza (en 2015) parecía sostenible, ahora se ha vuelto insostenible. En un país donde la producción de gas cae año tras año y donde los incentivos son prácticamente nulos, competir con Argentina, Brasil, Colombia o Perú se vuelve imposible.
Por eso, la CBHE insiste en que sin una estructura tributaria competitiva no habrá perforación, reposición de reservas ni nuevos campos en desarrollo. La advertencia es clara: aunque Bolivia cuente con abundante potencial geológico, los capitales internacionales irán donde puedan obtener algunos retornos razonables.
Por la misma línea, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos considera que el actual Gobierno debe aplicar un “tax holiday” (vacaciones fiscales, en español) para incentivar nuevas inversiones.
“Ése es un incentivo que se tiene que lograr, puede ser a través del IDH, puede ser a través de un diferimiento de impuestos, es decir, un tax holiday que por algún tiempo no se le cobre a la empresa petrolera y también puede combinarse esto con un incremento de precios (…), en vez de importar a 70 dólares el barril, remunerarle a la empresa que incurre en nueva producción”, sostuvo en contacto con La Razón.
Seguridad jurídica
El segundo pilar indispensable para la CBHE es la seguridad jurídica en dos dimensiones: contratos claros y arbitraje internacional. “Otros elementos esenciales (…) son la necesidad de seguridad jurídica para los potenciales inversores y marcos contractuales claros. Esto también pasa porque el país retorne a organismos de arbitraje internacional”, remarcó.
Este punto es especialmente sensible en un país donde la interpretación normativa ha sido históricamente variable, donde los contratos están sujetos a revisiones políticas y donde la ausencia de mecanismos de resolución de disputas confiables fue uno de los principales factores de incertidumbre para los inversionistas.
El exministro Ríos suma a este punto el rol de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y considera que se debe proteger a la petrolera estatal del “manoseo político” y evitar que sea “juez y parte” en los contratos y las áreas.
“No queremos más adjudicaciones a dedo y negociar las negociaciones por bajo la mesa (…), esto lo han hecho con varias empresas que han tratado de venir al país, como Gazprom, por ejemplo, que no ha sido exitosa, está también la empresa Canacol” dijo.
Por ello, el retorno al arbitraje internacional, lejos de ser una concesión, es —según la CBHE— una condición mínima para cualquier país que aspire a atraer capital de riesgo en exploración. El gremio remarcó que los proyectos hidrocarburíferos son de “largo plazo” y requieren estabilidad en los años que toma la exploración, el desarrollo y la producción. Las empresas no pueden invertir millones de dólares si no tienen garantías claras de que sus contratos serán respetados y de que, en caso de controversia, podrán acudir a mecanismos neutrales.
Actualización de precios
El tercer pilar observado por las petroleras es la actualización de los precios en el mercado interno. La CBHE recuerda que el consumo doméstico absorbe cada vez mayor parte de la producción, pero lo hace bajo una estructura profundamente distorsionada. “Otro elemento necesario es revisar el precio en el mercado interno, tomando en cuenta que cada vez absorbe mayor porcentaje de la producción y está en relación de 1 a 6 frente al precio de exportación”, señaló el gremio.
De acuerdo con Ríos, Bolivia remunera el gas para el mercado interno a $us 1 dólar por millón de BTU, pero pronto podría importar gas a $us 8 o $us 9 dólares, generando un desbalance que vuelve inviable cualquier proyecto.
Algo similar ocurre con el petróleo, pues según la exautoridad el barril se importa en $us 60- $us 70, pero se lo remunera a solo $us 27 en el mercado interno.
Aunque la nueva ley es parte de la solución, la CBHE subraya que existen medidas urgentes que podrían implementarse incluso antes de su aprobación, como incentivos para aumentar la producción en campos existentes, reducción de burocracia, inicio de proyectos que ya tienen factibilidad técnica y procedimientos ágiles que permitan retomar actividades en áreas sin inversión.
“Mientras se aprueba (la ley) podemos avanzar en cambios factibles como la incorporación de incentivos”, afirmó la institución.
Hidrocarburos
En paralelo a la visión empresarial, el exministro Ríos considera que la nueva norma llega atrasada, cuando la producción interna de combustibles y de gas cayeron en 60% y 53%, respectivamente, en la última década. A su vez, esto provocó la pérdida de mercados . “Ése es el escenario por el cual hace 10 años veníamos pidiendo una nueva ley que incentive exploración, es decir, reponer reservas y reponer la producción”, protestó.
Según la exautoridad, la falta de reformas durante la última década llevó a que la producción de gas cayera hasta el punto de que Bolivia se convirtió en un país “neto importador”. “Estamos llegando ya cerca al 95% del diésel, cerca al 65% de la gasolina y ya estamos vistos de comenzar a importar GLP (Gas Licuado de Petróleo)”, advirtió Ríos. En su criterio, si no se hace una restructuración en el sector, para 2030 el país podría destinar $us 5.500 millones al año para importar hidrocarburos.
Si ese escenario se confirma, los ingresos por IDH y regalías desaparecerán. “El 32% de IDH de cero sigue siendo cero y 11% de regalía de cero también es cero”, indicó. Con campos maduros, reservas en declive y sin nuevos descubrimientos significativos, Bolivia enfrentaría una situación crítica tanto en términos fiscales como cambiarios. Importar combustibles por millones de dólares al año, cuando se podría producir internamente, es —en palabras de Ríos— “totalmente inviable”.
Trabajo conjunto
Para revertir este complejo escenario, la CBHE está abierta a trabajar con el Gobierno.
“Nuestro sector está comprometido con el país y como ya lo hemos señalado a las actuales autoridades, nuestra voluntad es trabajar y unir esfuerzos para reactivar al sector”, afirmó el gremio.
De igual manera, Ríos espera que sea así, porque solo con el consenso entre las empresas que arriesgan capital es que se puede trabajar y llegar a un consenso para una nueva ley para el sector.
“Tiene que hacerse en consenso con las empresas que pretenden invertir en el país, de nada sirve que el Congreso o el país apruebe una ley que no tenga, diremos, cierto grado de consenso con los que pretenden invertir capital”, afirmó el exministro.
El desafío, por tanto, no es solo aprobar una ley, sino diseñar una estrategia que permita reconstruir un sector debilitado. La nueva Ley de Hidrocarburos será, en ese sentido, una prueba decisiva. No bastará con anunciarla, deberá ser creíble, competitiva y aplicable. Su éxito dependerá de si incorpora —o no— los pilares que las petroleras consideran indispensables. Sin esos elementos, la reactivación será solamente una promesa más en un sector que ya no tiene tiempo para demagogia.
