En medio de investigaciones por la autorización irregular para algunas empresas mineras en La Paz, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) tendrá un cambio en su dirección a solo un mes del final de gestión.
El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, posesionó a Eddy Álvaro Antezana como nuevo director ejecutivo nacional de la AJAM, en reemplazo de Ana Sofía Cameo Torrez, quien ocupó el cargo por poco más de ocho meses.
Durante el acto, el ministro destacó la importancia del trabajo institucional coordinado para fortalecer el aparato productivo nacional.
“El Ministerio de Minería es responsable de orientar el desarrollo minero del país en el marco del proceso de cambio liderado por el presidente Luis Arce. En este contexto, la AJAM tiene una delicada responsabilidad para garantizar una correcta administración, control y fiscalización de la actividad minera”, señaló Santos.
AJAM
Por su parte, Antezana agradeció la confianza depositada en su persona por el presidente Luis Arce y el ministro de Minería, comprometiéndose a fortalecer la transparencia y eficiencia institucional.
La AJAM, creada mediante la Ley 535 de Minería y Metalurgia, es la entidad encargada de la administración, control, fiscalización y otorgamiento de derechos mineros en todo el territorio nacional.
Además, tiene la función de prevenir y sancionar la minería ilegal, un problema que ha cobrado relevancia en los últimos meses.
El cambio de autoridad se produce en medio de cuestionamientos al desempeño institucional tras los recientes casos de minería ilegal detectados en zonas sensibles del país. En septiembre, la AJAM estuvo en el centro de la polémica por denuncias de actividad minera sin autorización en inmediaciones de la represa de Incachaca y en Viacha, en La Paz, donde se hallaron socavones, compresoras y pozas precarias sin control ambiental.
Aunque la institución pública procedió al cierre y clausura de varias de estas empresas mineras, la imagen de la entidad quedó afectada y criticada.
Por ello, el nuevo director enfrentará el desafío de reconstruir la confianza en la autoridad minera, garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y reforzar la lucha contra la minería ilegal, un problema que afecta no solo a los ecosistemas, sino también a las economías locales y la recaudación fiscal.
