Tras dos horas de una reunión de emergencia por la escasez de combustibles, los 24 sectores de las 15 provincias que conforman el Comité pro Santa Cruz firmaron un acuerdo en el que exigen al Gobierno la importación de carburantes “sin trabas ni reglamentos tramposos”.
“Exigir la liberación inmediata de los combustibles sin trabas, sin burocracias y reglamentos tramposos. Exigir la restitución para que en los surtidores vuelvan a comercializar hasta 20.000 litros de combustibles”, leyó el presidente de los cívicos, Stello Cochimanidis.
Puede leer: El Gobierno espera retomar exportaciones de carne de res este mes
Liberación de combustibles
En septiembre de 2024, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5218 que autoriza a los privados importar diésel y gasolina para consumo propio, eliminando varias barreras burocráticas que existían hasta entonces.
Dos meses después, el Órgano Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5271, que autoriza a privados comercializar el combustible importado, terminando con el monopolio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En ese momento, el país atravesaba, como ahora, una escasez de carburantes, por lo que el Gobierno buscaba generar nuevas vías de ingreso de diésel y gasolina al país.
Sin embargo, los decretos, especialmente el 5271, tiene muchas “trabas”, pues se establece que aquellos que comercialicen combustible importado no podrán vender más el carburante subvencionado por YPFB.
Esto desanimó a muchos actores, pues el precio de la estatal es mucho más bajo del que se comercializa sin subvención. Como resultado, tres meses después de la entrada en vigencia del decreto, ninguna empresa privada comercializa diésel o gasolina.
Ahora, en un nuevo escenario de falta de carburantes, el Comité pro Santa Cruz considera que se debe liberar la importación, pero sin tanta burocracia ni reglamentos tramposos.
Unidad
“La lucha por el combustible nos vuelve a unir a todos los bolivianos”, inició su discurso Cochimanidis, señalando que el movimiento cívico cruceño apoyará “de manera contundente” al Comité Multisectorial, conformado por productores, empresarios, gremiales y transportistas.
Estos sectores se movilizan en contra de una disposición de la Ley Financial que autoriza la confiscación y decomiso de productos.
Además, este jueves, el Comité pro Santa Cruz adelantó convocar a una Asamblea de la Cruceñidad, si es que no se da atención a las exigencias sobre el combustible.
Asimismo, Cochimanidis exigió a los parlamentarios exigir una rendición de cuentas al ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui; al ministro de Economía, Marcelo Montenegro; y al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, para conocer qué pasó con el dinero para la importación de diésel y gasolina.
Desde el Comité se sostiene que la escasez no es por un problema de sobredemanda o fallas en la distribución, como señala el Gobierno, sino por falta de pago a las empresas trasnacionales que venden combustibles al país.
