La Sala Constitucional III del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió denegar la acción popular presentada por la concejala Roxana Pérez del Castillo en contra del alcalde Iván Arias.
La resolución, que fue leída por el vocal Ricardo Guisbely Limachi, se emitió en cumplimiento del artículo 136 de la Constitución Política del Estado. Establece los parámetros para este tipo de procedimientos.
Además, la decisión incluyó la elevación de los antecedentes al Tribunal Constitucional y al Tribunal Nacional de Justicia, en cumplimiento de la normativa vigente.
La resolución se sustentó en que, “tras la revisión de los datos relevantes, tanto el memorial de acción popular como la fundamentación durante la audiencia indicaron que la autoridad demandada, en este caso el alcalde, no habría cumplido con la Ley General de Transporte Urbano”.
Se señala también que la autoridad habría omitido dar cumplimiento a una solicitud realizada en audiencia. Sin embargo, la sala explicó que, si bien se mencionan supuestos actos que podrían afectar a la ciudadanía, no se precisó en qué derecho específico se pretendía tutelar con la acción constitucional. Ni durante la audiencia ni en el memorial.
En ese sentido, la parte accionante hizo referencia al derecho a la salubridad pública. Pero no se acreditó qué acto concreto de la autoridad demandada habría vulnerado dicho derecho, limitándose a señalar que las movilidades serían las generadoras de la afectación.
Además, la sala aclaró que, respecto a sujetos que no fueron formalmente demandados, no es posible emitir pronunciamiento alguno.
OMISIÓN NORMATIVA
En cuanto a la supuesta omisión normativa, se puntualizó que esta pretensión no puede ser atendida mediante una acción popular. Pues esta figura legal está destinada a proteger derechos colectivos y difusos, no a resolver omisiones específicas de autoridades en casos particulares.
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Pérez del Castillo presentó la acción popular bajo el argumento de que el Ejecutivo edil no fiscaliza al sector del transporte desde 2016. Acotó que los operadores incumplen con parámetros básicos.
“Es inaceptable que se imponga un tarifazo mientras se incumple la ley y se desprotege a los más vulnerables”, señaló.
También propuso que el gobierno municipal implemente sistemas de GPS en los vehículos, sin trasladar el costo a los transportistas, para frenar los cobros irregulares por tramos cortos.
“La acción popular exige que el alcalde cumpla con sus responsabilidades: ejercer control, eliminar el ‘trameaje’ y garantizar una movilidad planificada”, señaló Pérez del Castillo.
