La participación protagónica del Estado en la economía ha sido históricamente uno de los principales pilares de la identidad política de la izquierda latinoamericana. Por muchos años, en Bolivia, fue un elemento indiscutible del proceso de cambio impulsado por el MAS. Sin embargo, están surgiendo observaciones y preguntas relevantes acerca de sus limitaciones e insuficiencias. Quizás ha llegado el momento de una profunda renovación de ideas en este ámbito.
Si algo ha diferenciado a las izquierdas es su crítica al neoliberalismo y a una visión de una sociedad modelada únicamente por los mercados y los actores privados que participan en ellos. De ahí, su insistencia en un Estado regulador que redistribuya la riqueza en sus versiones más reformistas, e incluso en un Estado que interviene directamente en la producción de bienes y servicios en su vena más radical.
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En el caso de Bolivia, el denominado modelo de economía plural se planteó como una definición heterodoxa e institucionalmente hibrida de un sistema económico en el que podrían coexistir harmoniosamente varios tipos de formas económicas, la estatal, la privada y la social comunitaria.
En ese marco, se le asignó un papel protagónico al Estado que se tradujo no únicamente en el fortalecimiento de las regulaciones, una política social ambiciosa, sino sobre todo en la nacionalización de actividades estratégicas y la constitución de empresas públicas de gran dimensión.
Con el avance de los desequilibrios económicos, los resultados de ese modelo están en cuestión, aunque el debate lamentablemente tiende a simplificarse y polarizarse. Estamos quedando, frecuentemente, atrapados entre discursos casi anarcoliberales que desprecia cualquier acción proactiva del Estado no solo en la economía, sino incluso en la vida social y apuestas, casi desesperadas, de solucionar todos los problemas con nuevos controles y empresas públicas de todo pelaje, sin que sepamos la coherencia y costo de esos dispositivos.
Es así que la discusión se resume en algunos medios y en las narrativas de la mayoría de políticos de derecha en eslóganes que hablan de reducir el gasto público y disminuir drásticamente el tamaño del Estado. La moda de la motosierra mileista tiene la ventaja de ser simple de entender, no especificar los detalles de lo que se quiere hacer y concentrar todas las emociones negativas frente a las deficiencias verdaderas o falsas de las despreciadas burocracias y dirigencias políticas, que son las que se entiende que “manejan” el Estado.
Pero, más allá del contenido dogmático de estas propuestas, se debe reconocer que hay razones en la creciente insatisfacción de la ciudadanía con el funcionamiento del Estado. El malestar va desde la sensación cotidiana de que nos enfrentamos, cada vez más, a burocracias abusivas que solo nos hacen más difícil la vida y nos limitan libertades, hasta la evidencia de la ineficiencia y corrupción macro en el manejo de las grandes empresas públicas o en el uso del gasto público.
En muchos casos, el Estado se ha fetichizado, al punto de creer que el crecimiento de la intervención publica o la creación de nuevas empresas estatales es buena per se, sin importar donde se está actuando o invirtiendo, con qué capacidades y claridad estratégica.
¿Cuál es, por ejemplo, la coherencia y visión de largo plazo en gastar recursos en algunas plantas de procesamiento de papa o de fabricación de mermeladas, cuando, por otra parte, no hay capacidad para posicionar inteligentemente al país en un negocio clave para nuestro futuro como el litio o renovar la política de protección social para que se adapte a los cambios sociodemográficos?
Hay que reconocer que no es un debate fácil, pero, por eso mismo, es alentador que dos jóvenes políticos de izquierda, como son Andrónico Rodríguez y Adriana Salvatierra, estén planteando posiciones al respecto.
El presidente del Senado al referirse al riesgo de un estado “paternalista”, que se ocupe de cosas que no son estratégicas y que pueden incluso desalentar las inversiones y esfuerzos de la ciudadanía, y remarcando la necesidad de cambios que acerquen a la burocracia a la gente. Es decir, pensar en un Estado que este al servicio de la ciudadanía y no lo contrario, que simplifique sus procedimientos y normativas de manera pragmática.
De igual modo, Salvatierra propuso elementos críticos y una visión reflexiva sobre el funcionamiento del Estado o de las empresas públicas en una reveladora entrevista en el video podcast Entre Caníbales, en la que mencionó como referencia a los trabajos de la economista Mariana Mazzucato, una de los más interesantes pensadores globales sobre la reinvención del rol del Estado.
Buen inicio que ojalá conduzca a reflexionar desde la izquierda sobre la necesidad de una acción pública, a través del Estado, que debería estar orientada a solucionar problemas concretos, pero entendiendo que hay prioridades, áreas donde no es deseable intervenir, libertades y coordinaciones con el sector privado que se deben fortalecer y particularmente que cualquier acción deba ser consistente con las capacidades y recursos con los que se cuenta realmente. Ni más o menos Estado, sino un mejor Estado, bien enfocado, eficaz y transparente.
(*) Armando Ortuño Yáñez es investigador social
