El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César González, ratificó este martes las movilizaciones escalonadas de varios gremios en contra de la “disposición confiscatoria” y descalificó el acuerdo firmado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) con el Gobierno.
En un video, el dirigente aseguró que no conoce al presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño; pues nunca lo vio participar en los ampliados de los sectores; por lo tanto, “no es una voz a la cual reconoce la cadena productiva”.
Indicó que conoce, por lo medios de comunicación, del encuentro y el acuerdo que firmó Ortuño con autoridades de Gobierno para dejar en suspenso la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado.
“No lo conocemos al señor Ortuño, no ha participado de ninguna de las reuniones multisectoriales en ningún departamento, en ese entendido no es una voz la cual reconocemos como cadena productiva; y en ese entendido las movilizaciones escalonadas se activan”, dijo el dirigente.
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Disposición
Anunció que, a partir de este miércoles 12 de febrero, se realizarán reuniones de diferentes gremios en los departamentos para trabajar en las movilizaciones escalonadas. Además, el fin de semana realizarán el quinto encuentro multisectorial que será en La Paz, Cochabamba o Potosí.
Gonzáles dijo que las bases, los dirigentes y las 45 organizaciones “que estamos llevando en los hombros este peso que es la derogación de la disposición séptima y otros pedidos, continuarán adelante con sus medidas de presión hasta que se derogue la norma.
El lunes, varios sectores productivos realizaron un paro y movilizaciones contra la “disposición confiscatoria”; sin embargo, la medida solo se sintió en Santa Cruz. Diversos sectores denuncian que esta medida viola el derecho a la propiedad privada.
Este martes, tras una reunión entre autoridades del Gobierno y la CEPB se acordó que la disposición séptima de la Ley Financial; que autoriza el decomiso y confiscación de productos, no se aplicará sin un consenso previo con el sector privado.
La criticada norma del Presupuesto General del Estado (PGE) autoriza a las autoridades competentes a decomisar los productos y alimentos que se almacenen con el fin de venderse a precios más elevados.
