El gobierno del presidente Rodrigo Paz atraviesa un conflicto político y social prolongado y de resolución incierta mientras se espera un diálogo político. Las protestas fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas, comunidades aymaras, pueblos amazónicos, transportistas, mineros y sectores afines al expresidente Evo Morales. El país cierra esta semana con más de sesenta puntos de bloqueo en al menos seis de los nueve departamentos. La Defensoría del Pueblo contabiliza siete muertos, decenas de heridos y más de trescientas personas detenidas. Los hospitales de La Paz reportan escasez de medicamentos y los mercados, precios disparados. El gobierno calcula pérdidas por más de $us 600 millones. El presidente Rodrigo Paz, advirtió que la situación «está llegando al límite» y que está dispuesto a aplicar «toda la fuerza de la Constitución». Además, el congreso derogó la Ley 1341, que trata sobre estados de excepción, promulgada en 2020.
El diálogo entre las partes no se produce, con cada una endureciendo sus planteamientos. El vicepresidente Edmand Lara, junto al ministro de la presidencia, José Luis Lupo, llevaron a cabo la gestión más prometedora. Los dirigentes de la COB y de organizaciones campesinas demandaron que se levanten los mandamientos de aprehensión que pesan sobre ellos como una de las condiciones para sentarse a hablar. Al anochecer del pasado viernes este requisito fue allanado. Hasta el cierre de la redacción de la presente nota, el tan esperado diálogo no se produjo.
Para ordenar este cuadro turbulento conversamos con Carlos Saavedra, especialista en comunicación política y uno de los analistas que con mayor sistematicidad ha venido leyendo el ciclo político boliviano del último año. Su tesis de inicio desafía las interpretaciones corrientes: lo que está en juego no es un pulso entre el gobierno y sus opositores, sino una crisis de transición de la que ningún sector va a salir solo. Las salidas posibles dependen menos de quién gane en las calles que de la capacidad política para construir un pacto que reconozca tanto los avances irrenunciables del último ciclo como las transformaciones que el país ya no puede postergar.
Crisis de transición
Saavedra ubica el conflicto en clave histórica antes que coyuntural. No estamos —argumenta— frente a un episodio más de la conflictividad boliviana, sino frente a un momento de cambio de ciclo cuya turbulencia es consustancial al pasaje entre un orden de poder que se agota y otro que aún no termina de configurarse.
«Estamos en un momento de crisis de transición. Evidentemente estamos a puertas de una transición política, de un cambio de ciclo, lo cual no implica irse a un modelo absolutamente opuesto al que había construido el Estado plurinacional. Este implosiona a partir del partidicidio, de la crisis económica, el abuso de poder y la corrupción. Pero también hay que entender que todos los ciclos históricos dejan grandes herencias irrenunciables. Y la herencia irrenunciable del Estado plurinacional ha sido el sentido de inclusión social y política», afirma.
La distinción es importante. Implica que el gobierno de Paz no recibió un mandato para desmontar lo construido en las dos décadas anteriores, sino para procesar su agotamiento. La derrota electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en octubre de 2025 cerró un ciclo, pero no liquidó las demandas, las identidades ni las organizaciones que ese ciclo expresó. Esa diferencia entre fin de ciclo y borrón y cuenta nueva es, para Saavedra, el malentendido del que se nutre buena parte del malestar actual.
«Hay un esquema de poder que no termina de desaparecer y un nuevo esquema que tampoco termina de nacer. Creo que estamos en ese momento», observa.
Tres tipos de protesta
Dentro de esa crisis de transición, Saavedra propone una tipología para leer la heterogeneidad de la movilización sin reducirla a un bloque homogéneo. Identifica tres vertientes que confluyen en la protesta, pero tienen lógicas distintas: los reivindicativos, los representativos y los conspirativos.
«Los reivindicativos son los sectores que tienen una reivindicación particular, un pliego petitorio, elementos tácticos de su sector que quieren que se arreglen. Con ellos el gobierno ha cerrado algunos acuerdos y ha ido fragmentando el movimiento. Si no lo hubiera hecho, el escenario sería mucho más complejo. Hablo de sectores del magisterio, del transporte, de la CIDOB —que ha estado con el tema de la Ley 1720— y de los mineros», explica.
La segunda vertiente es política y más difícil de desactivar: su demanda no se resuelve con un bono ni con una mesa sectorial. Son los sectores que, habiendo sido protagonistas del Estado plurinacional, no se sienten representados en la nueva configuración del poder.
«Son aquellos sectores que hacen parte del Estado plurinacional, que no se sienten representados en el nuevo gobierno. Sostienen el discurso de que no puede haber un gobierno sin rostro indígena, sin rostro campesino, sin rostro obrero, y buscan un espacio de representación en un Estado que ellos han conquistado. Ahí hay una discusión política de representación genuina, que es importante trabajar», puntualiza.
Malestar
Es notorio que quienes hoy protestan son, justamente, los que votaron por Rodrigo Paz y le permitieron hacerse con la victoria electoral. Estos son claros al explicitar esta sensación de haber sido dejados de lado en el ejercicio del poder.
La tercera vertiente, los conspirativos, es la que juega con más visión estratégica en pos del poder. Son actores cuyo objetivo no es modificar la agenda gubernamental sino derribar al gobierno, y se mueven en los dos extremos del espectro político.
«Son sectores con una intención ya antidemocrática, que buscan generar una convulsión absoluta en el país para retomar el poder a través de la ruptura del orden democrático. Hay actores desde los dos polos, los extremistas de izquierda y derecha, que se frotan las manos para que eso suceda. Quieren una solución violenta que ven favorable a sus intereses políticos».
El arte político del gobierno, observa Saavedra, consiste precisamente en distinguir estas tres vertientes: acordar con los reivindicativos, abrir representación a los representativos, aislar a los conspirativos.
El gobierno en la encrucijada
El análisis sobre el gobierno de Paz es severo, pero no demoledor. Saavedra reconoce que, pese a las amenazas presidenciales sobre el uso «de toda la fuerza de la Constitución», en los hechos ha terminado prevaleciendo una línea moderada: en casi un mes de conflicto no ha habido operativos masivos de represión. La posibilidad de dictar un estado de excepción o estado de sitio se mantiene en el ámbito de la amenaza.
«A pesar de que percibo que puede haber algunos factores gubernamentales más radicalizados, al final, en los hechos, ha terminado prevaleciendo la línea moderada. No ha habido una explosión en el despliegue militar-policial contra los bloqueos. Más bien, mucho más violentos han sido los movilizados».
El problema es que esa moderación táctica convive con una sucesión de errores políticos que han alimentado la confrontación. El caso paradigmático que advierte el analista es la Ley 1720. La norma, que permite la reconversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas, podría haberse procesado como una reforma técnica. En cambio, fue promulgada en un acto con empresarios agroindustriales de Santa Cruz, sin socialización previa con organizaciones indígenas y campesinas. Fue la chispa que encendió la protesta.
Errores
«Me parece un tremendo error que la Ley 1720 se promulgara con los agroindustriales y que al final el vocero terminara siendo Branko Marinkovic. ¿Cómo no va a generar susceptibilidad? La ley, al final, era de conversión voluntaria y no había un problema; pero son las formas, la falta de socialización, la falta de sensibilidad política», asevera nuestro analista invitado.
A esto se suma la incoherencia del propio aparato gubernamental: el ministro de la Presidencia anuncia garantías para los dirigentes sindicales en las mesas de diálogo y, horas después, otras voces oficiales desautorizan esa lectura. Para Saavedra, ese desacople expresa un problema más profundo: un gabinete que aborda como técnicos asuntos que son políticos.
«A muchos ministros les hace falta entender que el trabajo de un gabinete ministerial no es técnico, no es una especie de tecnoburocracia, sino que tiene un trabajo político profundo. Gran parte de los errores del gobierno se deben a no comprender la dimensión política de las cosas», sentencia.
Las salidas posibles
Sobre el horizonte del conflicto, Saavedra es categórico respecto de una opción insinuada en el discurso oficial: la salida por la represión. No la considera viable porque el costo histórico excedería con creces cualquier ganancia táctica.
«Una salida por la represión puede generar una grieta que va a ser difícil de resolver en muchísimos años, una grieta muy profunda. Hay días en que uno ve con esperanza lo que puede pasar; hay otros en que mira con angustia, porque pareciera que las vías del diálogo se cierran. Tengo la impresión de que La Paz y El Alto son una olla a presión que está a punto de estallar», expresa reflexivamente.
La salida dialogada, en cambio, exige más que la habitual negociación de pliegos. Saavedra la piensa en dos niveles articulados: un acuerdo de agenda sobre el rumbo del país; y mecanismos de seguimiento y reparto de poder que prevengan la reedición del conflicto. Además, juega la disputa simbólica: el gobierno necesita decirle a su base que sigue gobernando y los movilizados, que el sacrificio rindió frutos. Pero la salida dialogada tiene un precio que el gobierno parece todavía resistirse a pagar: compartir poder.
Gestión del poder
«No veo viabilidad política si no se entiende que el gobierno tiene que construir —no solo en términos discursivos, sino en términos tácticos de distribución de espacios de poder— un gobierno de acuerdo y de encuentro nacional. Lo veo como un tema de subsistencia y de viabilidad urgente», dice Saavedra.
Y hay una variable decisiva: el tiempo. En las primeras semanas, el desgaste recaía sobre quienes bloqueaban; al finalizar la cuarta, comienza a recaer sobre quien gobierna. Las marchas de cacerolas vacías y el paro indefinido del transporte en La Paz son, para el especialista, dos campanazos que el Ejecutivo no debería desoír. «Los tiempos de resolución del conflicto cada vez son más cortos y, si vale la metáfora, la olla a presión está cada vez más cerca de su explosión».
Lecciones del conflicto
La crisis —señalaba René Zavaleta Mercado— es un momento de autoconocimiento para sociedades abigarradas como la boliviana. Lo que el país está descubriendo de sí mismo en estos días tiene la forma de una doble lección, dirigida con igual exigencia a las élites económicas que respaldan al gobierno y a los liderazgos populares que conducen las protestas.
Desde la mirada de Saavedra, «Bolivia no quiere vivir secuestrada por los radicales, porque la población también siente que hay otro tipo de intereses, estrictamente políticos. No quiere volver a un esquema de abuso de poder. Y, por otro lado, me parece muy claro que Bolivia nunca más va a ser gobernada solamente por una élite que no integre a los sectores populares».
El poder constituido tiene el poder de alterar los equilibrios y eso determina la gobernabilidad o no del país. Funciona como el peso decisivo en una canoa: un país que no puede ser gobernado si se corre demasiado hacia adelante o hacia atrás, a la izquierda o la derecha. El desbalance hunde la nave con todos adentro. Según Saavedra, la metáfora describe, en realidad, una constatación más profunda: el ciclo que se está cerrando fracasó en dos frentes decisivos —no supo sembrar la bonanza extractivista en una base productiva amplia ni transformar una justicia que terminó instrumentalizada— pero dejó banderas que ya forman parte del piso común sobre el que cualquier gobierno deberá pararse de aquí en adelante.
«Bolivia es un país con un alto sentido nacional y popular que no se puede desconocer. Las enseñanzas pasan por ese lado, y desde ambas orillas. En este momento de transición, necesita un esfuerzo por articular el mayor número de pluralidades que tiene en términos de visiones políticas, económicas e identitarias, donde los extremos, los fundamentalismos, queden un poco aislados. Pero hay que construir el mayor acuerdo posible», sostiene.
Perspectiva
Ese acuerdo, en la propuesta de Saavedra, se sostiene sobre un trípode: un pacto político-legislativo en la Asamblea, un pacto social con las organizaciones movilizadas y una alianza territorial con departamentos y municipios. Sobre esa base habría que construir una agenda de transición que distinga lo irrenunciable de lo transformable. Empezando por la justicia y por una apertura económica que abandone el dogmatismo estatista del ciclo anterior sin caer en el dogmatismo privatizador opuesto.
Bolivia llegó a este conflicto porque ningún sector aceptó todavía que ninguno de ellos, por sí solo, está en condiciones de gobernar el país que está naciendo. Si esa lección no se aprende en esta crisis, se aprenderá en la próxima. Y la próxima, advierte Saavedra, llegará antes de lo que cualquiera que se sienta ganador podrá imaginarlo.
