Bolivia estrena un nuevo ciclo político con las urnas todavía calientes luego de la segunda vuelta para elegir autoridades en seis autonomías departamentales. En las elecciones subnacionales se eligieron gobernadores, alcaldes y asambleístas en los nueve departamentos y los 340 municipios del territorio nacional. Previamente, en las elecciones generales de agosto y octubre de 2025, se puso fin a veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y Rodrigo Paz Pereira llegó a la presidencia. El resultado dibuja un mapa político sin precedentes en la historia boliviana. El panorama aparece atomizado, sin ejes ordenadores, lleno de fuerzas locales que han tomado el lugar del partido que durante dos décadas articuló la política del país. Bolivia ha cambiado de gobernantes. Lo que todavía no está claro es si ha cambiado de modelo o en qué medida.
Armando Ortuño es economista e investigador social con larga trayectoria en el análisis de las políticas públicas, las autonomías y el desarrollo territorial en Bolivia. Desde esa perspectiva —rigurosa y sin concesiones al optimismo fácil— observa el nuevo escenario con una pregunta central: ¿tienen las regiones bolivianas capacidad real para gobernar en un contexto de austeridad prolongada? Su respuesta obliga a mirar de frente algunas de las ilusiones más arraigadas en el debate político actual.
Un tiempo desafiante
Bolivia no llega a este nuevo ciclo en condiciones favorables. El Banco Mundial proyecta una contracción de la economía del 3,2% para 2026, cifra que el FMI estima en 3,3%. El PIB ya cerró 2025 con una caída del 1,6%, según el Instituto Nacional de Estadística. Las reservas internacionales netas cayeron otro 4,6% en el primer trimestre de 2026, situándose en $us 3.542 millones. Esto está lejos del récord de $us 15.122 millones registrado en 2014. La inflación acumulada superó el 20% en 2025, y el tipo de cambio paralelo del dólar llegó a rozar los 20 bolivianos por unidad en los momentos más críticos del año anterior. A apenas seis meses de gestión, el gobierno de Paz enfrenta marchas de transportistas, mineros, campesinos y maestros.
El origen de esta crisis, según Ortuño, no es coyuntural sino estructural, y se explica por una sola variable: el agotamiento del ciclo del gas. «Bolivia era un excelente vendedor de gas: en 2015 teníamos una cuota mundial de 1,8%, y eso bajó en 2024 al 0,5%», explica. La consecuencia es que el Estado boliviano lleva años gastando más de lo que ingresa. El déficit fiscal del año pasado se estima en cerca de 14 puntos del PIB, sin haber encontrado una fuente alternativa que reemplace la renta hidrocarburífera.
Alta fragmentación política
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 produjeron un resultado que no tiene antecedentes en la política boliviana moderna. Hay 59 fuerzas políticas distintas que controlarán los municipios del país. En las gobernaciones el poder quedó repartido con dos alineadas con el gobierno nacional, dos con Jorge Tuto Quiroga y el resto en vuelo solitario. En las últimas elecciones subnacionales de 2021, el MAS había ganado 240 de las 336 alcaldías en disputa —el 71,4% del total— y tres de las nueve gobernaciones. Eso quedó ahora en el retrovisor.
Para Ortuño, esta fragmentación tiene dos lecturas posibles, y el resultado dependerá de cuál lógica termine imponiéndose. «Por una parte, el hecho de que la política esté muy fragmentada puede abrir más posibilidades para el acuerdo. Probablemente no vamos a tener bloqueos de grandes grupos políticos con posiciones monolíticas. Vamos a tener más bien una presencia de fuerzas locales, cada una con sus intereses. Pero que en conjunto, como ninguna puede imponerse, tal vez lleguen a un buen acuerdo realista sobre cómo descentralizar fiscalmente al país”, afirma.
Autonomías en disputa
Sin embargo, hay otra alternativa y no es más tranquilizadora. «El otro escenario es que se impongan las lógicas localistas. Que cada nivel local —gobernaciones, alcaldías grandes— quiera sacarle más al gobierno central, con una dinámica donde todo el mundo juega solo para sí mismo. Entre vetos, todos se anulan. Santa Cruz va a pedir un porcentaje, La Paz no va a estar de acuerdo, los departamentos que no tienen recursos propios tampoco. La situación se vuelve mucho más compleja”.
El investigador añade una dimensión que pocas veces aparece en el debate público: la fragmentación política también está redistribuyendo el poder entre regiones. Y esto no está pasando necesariamente en la dirección que los actores más poderosos esperan. «Los departamentos que antes tenían más capacidad de veto, porque allí estaban las instalaciones hidrocarburíferas —Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca— van a ser paradójicamente los que tendrán menos recursos si se hace un trato que privilegia las regalías mineras. Los que podrían ganar en esa negociación son La Paz, Oruro y Potosí”. El mapa político, concluye, puede cambiar de geometría muy rápidamente.
La querella por los recursos
Una de las promesas centrales de la campaña de Rodrigo Paz fue el principio del 50-50. Es decir, distribuir en partes iguales entre el nivel central y los gobiernos subnacionales la recaudación tributaria nacional. La propuesta generó expectativas enormes en gobernaciones y alcaldías. Ortuño considera que esas esperanzas están construidas sobre un malentendido de fondo y que el momento de desmontar ese mito ya llegó.
«El mito es que el gobierno central tiene mucha plata que puede distribuir. Que en el momento en que lo haga, los gobiernos autonómicos van a tener mucho más para utilizar. En realidad, lo que se va a hacer es redistribuir plata que ya está siendo gastada, y con ella también las responsabilidades que esa plata ya está cubriendo”.
El razonamiento es contundente: si el gobierno central transfiere los presupuestos de educación o salud a las gobernaciones, lo que cambia es quién firma el cheque del salario del maestro o del médico, no el monto del salario. «Resultado final: no es que va a haber más plata para educación, salud o infraestructura. Incluso, en período de ajuste fiscal, probablemente van a recibir menos”.
Los datos respaldan esta advertencia. La recaudación del IDH decayó en más del 70% desde 2015 y la tendencia continúa a la baja. En algunas gobernaciones, los ingresos por este concepto se redujeron más de un 40% solo entre 2021 y 2025. En Tarija, el departamento más golpeado, el ingreso fiscal per cápita pasó de Bs 9.001 en 2014 a Bs 1.352 en 2025, una contracción del 85%. Las gobernaciones en promedio obtienen entre el 91% y el 95% de sus ingresos de transferencias del gobierno central.
«La gran pregunta no es cuántos más recursos tenemos para distribuir. Es cómo vamos a poder repartir mejor la escasez que habrá en los próximos años», señala Ortuño. «Lo que hay que distribuir incluso es escasez”, agrega.
El pacto fiscal como oportunidad
Nada de lo anterior significa que el pacto fiscal —mandatado por la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, que debe realizarse luego de cada censo— sea un ejercicio inútil. Pero Ortuño establece una distinción importante entre lo que el pacto puede y lo que no puede hacer.
«Si entendemos el pacto fiscal como el diseño de un nuevo trato fiscal entre gobierno central y autonomías —un nuevo esquema tributario y un nuevo esquema de gasto—, eso se puede hacer independientemente de la situación coyuntural. Todos nos sentamos y diseñamos un mejor sistema de distribución del gasto entre los diferentes niveles del gobierno. Eso se puede hacer en cualquier momento”.
Lo que no se puede hacer es usar el pacto como un mecanismo para generar recursos que no existen. La oportunidad real, según el investigador, está en otro lugar. «Probablemente algunos de esos gastos, si se hacen de manera descentralizada, pueden ser más eficaces y de mayor impacto. Hagamos descentralización para que se usen mejor los recursos. Eso sí se puede negociar”.
Un factor que complica la negociación es la asimetría entre departamentos. La caída del IDH no afecta a todos por igual: mientras los departamentos productores de hidrocarburos ven desplomarse su principal fuente de regalías, departamentos mineros han visto crecer sus ingresos. Cualquier nuevo acuerdo fiscal tendrá que navegar esas tensiones regionales.
Autonomías en medio de austeridad
Ortuño identifica un efecto paradójico del período de bonanza que Bolivia vivió entre 2006 y 2018. El exceso de recursos desactivó los incentivos para la coordinación intergubernamental. «Al final, como a todos les cayeron más recursos por el IDH, cada nivel de gobierno se orientó a captar esos recursos por su cuenta. El incentivo era captar y hacer las cosas por cuenta propia. Eso desincentivó el asociativismo”, observa.
El resultado es que Bolivia llega a la crisis con estructuras de coordinación muy debilitadas. Las mancomunidades municipales —esquemas de asociación que en su momento fueron instrumentos relevantes de gestión territorial— siguieron existiendo sobre el papel, pero fueron abandonándolas progresivamente hasta dejarlas languidecer.
Pero aquí también hay una lectura en positivo. «En el escenario que estamos viviendo, que se va a intensificar en los próximos años, si no hay recursos y todo el mundo está ajustado —incluido el gobierno central—, probablemente algunos municipios y algunas gobernaciones puedan empezar a decir: este proyecto, esta iniciativa, es mejor si la hacemos entre varios. Podría ser un incentivo para volver a pensar en nuevos esquemas de asociativismo a nivel autonómico”. La crisis como catalizador de una coordinación que la abundancia nunca necesitó construir.
El camino no será automático ni sencillo. «Para eso también hay que generar ciertas condiciones», advierte Ortuño. Y entre esas condiciones, la primera es la más difícil: una lectura honesta y compartida de lo que Bolivia realmente tiene.
Un país por imaginar
Bolivia inicia un nuevo ciclo sin el partido que ordenó su política durante veinte años. Sin la renta que financió su modelo durante una década y sin las certezas que ambos, juntos, proporcionaban. Lo que tiene, en cambio, es una pluralidad política inédita, una generación de liderazgos regionales que deberán aprender a gobernar con menos, y una agenda de reformas —fiscal, autonómica, productiva— que ya no admite más demoras. «Hay que partir de una lectura realista de qué tenemos, y desde ahí construir expectativas también realistas», dice Ortuño. Es, quizás, la condición más básica —y más escasa— que Bolivia necesita en este momento: la disposición colectiva a discutir en términos de datos y no de mitos. De ese punto de partida depende, en buena medida, el país que todavía está por construirse.
