Las nuevas autoridades locales —9 gobernadores, 249 asambleístas departamentales, 335 alcaldes y 2.044 concejales— asumen hoy sus funciones con el reto de cumplir sus promesas electorales en un contexto mucho más complejo que en gestiones anteriores. La ciudadanía espera resultados concretos en plazos cada vez más cortos, lo que incrementa la presión sobre las nuevas gestiones.
Hace pocos días, los gobernadores electos llegaron a La Paz con una demanda común al presidente Rodrigo Paz: “Estamos en quiebra y necesitamos recursos con extrema urgencia”. Tras escucharlos, queda claro que no se conformarán con la retórica. Exigen la pronta implementación del denominado 50/50, propuesta clave de la campaña presidencial.
Entre los gobernadores se encuentran Luis Revilla en La Paz, Juan Pablo Velasco en Santa Cruz, Leonardo Loza en Cochabamba y René Joaquino en Potosí. Entre los alcaldes de las principales ciudades figuran César Dockweiler en La Paz, Carlos Manuel “Mamen” Saavedra en Santa Cruz, Manfred Reyes Villa en Cochabamba, Éliser Nemesio Roca en El Alto y Johnny Torres en Tarija.
Las propuestas departamentales incluyeron transporte masivo, modernización del sistema de salud, carreteras, fortalecimiento del corredor bioceánico, diversificación económica para reducir la dependencia del gas, impulso al turismo, industrialización agrícola, construcción de represas y sistemas de riego, además de incentivos para industrias verdes y reciclaje.
En el ámbito municipal, se ofrecieron planes de seguridad ciudadana, transporte eléctrico, digitalización de trámites, vivienda social, hospitales de segundo nivel, mejora del transporte urbano, apoyo a microempresas y ampliación de servicios básicos como agua potable y alcantarillado.
Las elecciones subnacionales de 2026 mostraron una alta fragmentación: solo en capitales y El Alto hubo 108 candidatos a alcaldías, con 15 en El Alto y 17 en La Paz. Esto derivó en una atomización del voto, con pocos ganadores superando el 40%, lo que también implica una menor legitimidad política relativa y mayores desafíos de gobernabilidad.
Sin embargo, el principal problema será cumplir las promesas. El Presupuesto General del Estado 2026 fue reducido cerca de un 30% para disminuir el déficit fiscal, mientras las exportaciones de gas continúan cayendo.
Desde hace más de una década, ingresos clave como regalías e IDH disminuyen por esta misma causa. Así, alcaldes y gobernadores inician sus gestiones con severas limitaciones presupuestarias, reduciendo su margen de acción y obligándolos a priorizar proyectos estratégicos.
La crisis ya se refleja en sectores como la salud: en Santa Cruz, este mes solo se atendió seis días debido a huelgas que limitaron la atención a emergencias. En la reunión con el presidente, el gobernador electo Juan Pablo Velasco advirtió que con los recursos actuales es inviable atender los problemas estructurales.
Además, la alcaldía de Santa Cruz enfrenta un déficit de 2.500 millones de bolivianos. Si a estas dificultades económicas se suman autoridades sin mayoría legislativa, el riesgo es la ingobernabilidad y la inestabilidad política. Frente a este escenario, la única alternativa es gestionar con la mayor eficiencia posible, priorizando el uso responsable de los recursos, la transparencia y la coordinación entre niveles de gobierno.
