Mientras la marcha campesina se apresta a llegar a la ciudad de La Paz, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5613 que garantiza la seguridad jurídica sobre la pequeña propiedad agraria y la dotación de tierras a campesinos e indígenas, principalmente en Beni y Pando.
La norma apunta a “atender la necesidad de acceso a tierra en el norte del país”. El Gobierno espera, además, frenar la marcha indígena iniciada hace más de 15 días que pide la abrogación de la Ley 1720, que permite la reconversión de la pequeña a mediana propiedad.
De acuerdo con el decreto, el objetivo es “establecer lineamientos operativos para la dotación y titulación de tierras en región amazónica, con prioridad en los departamentos de Pando y Beni en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa agraria vigente y las competencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA”.
Asimismo, la norma indica que irá a favor de comunidades campesinas y/o indígena que “formalmente la hayan solicitado y estén reconocidos según corresponda, sin sobreposición de superficie hasta la fecha de promulgación del presente decreto supremo, previa evaluación técnica y legal conforme a la normativa vigente”.
Las tierras objeto de dotación serán aquellas fiscales disponibles, las fiscales no disponibles convertidas en fiscales y las tierras revertidas o expropiadas por el INRA.
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Pequeña propiedad
Asimismo, el decreto garantiza la seguridad jurídica de la pequeña propiedad y asegura su indivisibilidad, evita su fragmentación por debajo de los límites mínimos establecidos. Además, ratifica su carácter de patrimonio familiar, inembargable y no sujeto a afectaciones contrarias a su función social, conforme a la Constitución Política del Estado.
Establece también el fortalecimiento de las acciones administrativas de prevención y atención de conflictos agrarios y se promueve la actualización, saneamiento y registro de información que contribuya a la seguridad jurídica de los titulares.
La norma también dispone que fortalecerán las acciones administrativas de prevención y atención de conflictos agrarios, en coordinación con las instancias competentes, a fin de resguardar la pequeña propiedad frente a avasallamientos y ocupaciones ilegales.
La marcha indígena inició el 8 de abril y lleva 20 días con rumbo a la sede de Gobierno, sumando apoyo de otros sectores sociales.
