Tras casi doce horas de debate encendido y con miles de personas manifestándose en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el pasado jueves la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el presidente Javier Milei. Con 137 votos a favor y 111 en contra, el oficialismo logró desmantelar uno de los marcos de protección ambiental más rigurosos de América Latina. Se abre así las puertas a la minería de cobre, litio y plata en zonas andinas que llevaban quince años bajo resguardo federal.
La reforma introduce protección glaciar selectiva, limitada a aquellos considerados esenciales para el suministro de agua. Elimina la protección automática de las zonas periglaciares —que ahora dependerá de estudios técnicos específicos— y otorga mayor autoridad a los gobiernos provinciales. Éstos podrán ahora definir qué áreas proteger y cuáles abrir a la explotación. Además, el Inventario Nacional de Glaciares dejará de ser vinculante.
Milei
El presidente Milei no ocultó su triunfalismo. En un comunicado tras la votación, afirmó que Argentina ahora tenía «verdadero federalismo ambiental» y una «política soberana e inteligente» para explotar sus recursos naturales.
“Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”, señala el documento.
Desde el gobierno, el secretario de Minería, Luis Lucero, salió a respaldar la medida con argumentos económicos. Lucero señaló que la regulación anterior presentaba «prohibiciones absolutas que no permitían generar excepciones a la prohibición. No permitían hacer estudios de impacto ambiental». Puntualizó que las reglas rígidas y las definiciones imprecisas de “áreas protegidas” desincentivaban la inversión en proyectos mineros a gran escala. Recordó que este tipo de emprendimientos necesariamente requieren inversiones de miles de millones de dólares.
Expectativas altas
Los números que maneja la industria son considerables. Según estimaciones del sector minero, el nuevo marco regulatorio podría desbloquear más de $us 30.000 millones en inversiones durante la próxima década. Entre los proyectos en espera figura Taca-Taca, un depósito de cobre en Salta considerado entre los diez más grandes del mundo sin desarrollar. Cuenta con una inversión inicial de $us 4.200 millones confirmada por la minera canadiense First Quantum.
Pero la reforma tiene también una dimensión geopolítica que va más allá de la economía doméstica. Washington está contando con el litio y el cobre argentinos como parte de una estrategia para reducir su dependencia de las cadenas de suministro controladas por China. Sin embargo, el 73% de la producción de litio argentina actualmente se exporta a ese país, y empresas chinas como Zijin y Ganfeng están profundamente integradas en el cinturón de litio del noroeste.
Frente a estos argumentos, la activista ambiental Flavia Broffoni fue categórica. «La ciencia es clara… no existe absolutamente ninguna posibilidad de crear lo que el gobierno llama una ‘mina sostenible’ en un ambiente periglaciar», aseveró.
La alarma también llegó desde Greenpeace Argentina. Agostina Rossi Serra advirtió que «en mayor o menor medida, todos los argentinos se verán afectados por la escasez de agua que esto causará en el corto plazo».
Por su parte, el senador opositor Eduardo de Pedro fue preciso con los datos. «Más de 7 millones de argentinos dependen de los glaciares y la nieve andina como su principal fuente de agua potable», afirmó.
