Estoy harto. Los dirigentes y analistas solo sueltan frases bonitas y vacías como «la tierra es sagrada» o «la madre tierra está en peligro». Los analistas usan palabras ostentosas —extranjerización, mercantilización— que no le explican nada útil al campesino de a pie. Cuando declaran en la prensa, se la pasan adornando el problema en vez de revelar las crudas realidades. En cambio, Branko Marinkovic habla claro, convence y embauca explicando su Ley 157. Cuando sea aplicada esa ley, el INRA emitirá un certificado, en página impresa, membretada y con sellos de seguridad, que dirá: «Señor Julio Pérez, su pequeña propiedad de seis hectáreas está clasificada como mediana propiedad».
Era previsible. Los campesinos cruceños antimasistas festejan radiantes por la nueva ley promulgada, pero no calculan qué ocurrirá cuando las inundaciones y las sequías arruinen sus cosechas. Perderán sus inversiones. Tampoco digieren quién les asegurará el precio y el mercado estables, ni se preguntan si existirá un seguro agrario estatal que compense las pérdidas. Defensa Civil, a lo sumo, les regalará botellas de agua, arroz y azúcar. ¿Quién los rescatará del remate bancario? La ley les exige renunciar, en el fondo, a su derecho constitucional de estar protegidos con su pequeña propiedad.
Créditos
Mientras los embaucados celebran, la Confederación Agropecuaria Nacional triunfó. Supo orientar con estrategia sus intereses presentando, en septiembre de 2024, un proyecto de ley. Ahí se propone convertir en clientes de la banca al 93% de los dueños de títulos agrarios de Bolivia: los campesinos o pequeños propietarios. De ese 93%, su posibilidad de desarrollo y de prosperidad había estado estancada, y deben ingresar a la era de la libertad agraria como lo dice Marinkovic. Pero ¿cuál es el trasfondo que está omitido? Veamos la realidad de un pequeño productor del norte cruceño.
Un agricultor de las lejanías sale con sus cuarenta fanegas de arroz con cáscara. Necesita venderlo en Montero. El camionero se detiene en la vía de ingreso a Montero; ahí aparecen los ofertantes para inducirlos a sus ingenios peladores. Ellos incluso portan una maquinita para comprobar si el arroz está caldeado. Minutos después, las peladoras terminan definiendo el precio, fluctuante. El agricultor sabe que si transcurren más horas a la deriva se echará a perder y acaba sometiéndose al precio unilateral. Yo pude ver en lágrimas a campesinos de Huaytú que vendieron sus arroces a precios insatisfactorios.
Al recibir el pago de los ingenios, el productor debe pagar al camionero que aguarda, restar los gastos de siembra, agroquímicos, fungicidas, abonos y el alquiler de la cosechadora, y sumar todos los gastos que hizo para producir. Generalmente sale perdiendo; rara vez obtiene utilidades. Ojo: él omite cuántos días de su jornal incorporó e ignora monetizar los días de trabajo de sus hijos. Con la nueva ley, deberá cubrir la cuota mensual bancaria, reservar fondos para el impuesto a las utilidades y para el impuesto anual a la propiedad. En resumen, no le quedará ni para gastar en las putas, como dijo Marinkovic. Esa será la realidad cuando se aplique la ley. En el mundo ocurre algo similar: la banca monstruosa reduce a los seres humanos al peonaje por deudas, tal como denuncia el economista estadounidense Michael Hudson.
Ley
El 8 de abril, el gobierno presentó con éxito su propagandeada ley como la opción más creativa en favor del pequeño productor, pero sin contar con los campesinos. Aquí les presento testimonios que desmienten la falacia del gobierno de Rodrigo Paz. «Desde ahora los pequeños productores accederán al crédito», dijo Paz.
En las zonas rurales cruceñas, los bancos están otorgando créditos. Por ejemplo, verifican que el solicitante de treinta mil dólares cuente con un patrimonio que ronde los setenta mil. En estos casos, acceder al crédito era y sigue siendo viable. A esta modalidad se le llama forma prendaria. El banco retiene como garantía el título ejecutorial y la papeleta del folio real. El cliente y el jefe de agencia firman un contrato. El cliente sigue siendo el propietario; el banco se queda con los documentos hasta que la deuda sea pagada. Cuando el productor campesino cancela el cien por ciento, los oficiales de crédito le devuelven los documentos originales y le ofrecen una suma mayor bajo las mismas reglas.
El exejecutivo de la Confederación de Campesinos me hace notar su indignación por la propaganda falaz y pueril de Marinkovic. «Yo saqué un préstamo del Banco Unión con mis treinta y tres hectáreas», dijo. «Casi todos mis vecinos de la Central La Pavas obtienen sus créditos, pese a que colindamos con la Reserva de El Choré», añadió. «Y no es con el 28% como miente Branko, es con el 8%», finalizó. ¿Qué más no se informa en la propaganda?
Límites
En la Chiquitanía y el Beni, los latifundistas acostumbran dividir sus predios en unidades productivas inferiores a cinco mil hectáreas para no superar el límite establecido por la Constitución. Así, si una propiedad tiene ocho mil hectáreas, la fraccionan en dos, asignándole nombres artificiosos como San Gabriel I y San Gabriel II. De este modo, evaden el impedimento constitucional. Esta práctica, regularizada por el INRA, es común y rara vez es denunciada o cuestionada por el Tribunal Agroambiental.
Cuando se aplique la ley, la misma táctica puede ser practicada por los ganaderos: dividirían los predios superiores a quinientas hectáreas en pequeñas unidades productivas ganaderas.
Una argucia legal similar ocurrió en el año 2000, cuando el presidente Banzer y el vicepresidente Tuto firmaron el Decreto 25848. A los campesinos los embaucaron con el pago de diez centavos por hectárea al Estado si sus tierras superaban las cincuenta hectáreas. Los verdaderos beneficiarios fueron los ganaderos, que dividieron sus predios en pequeñas ganaderías.
Función económico-social
Con la ley en cuestión, una vez que dividan las propiedades en pequeñas ganaderías, esas tierras no podrán ser verificadas en cuanto a su función económico-social durante los próximos diez años, produzcan o no produzcan. Además, los ganaderos se beneficiarían con un plus de seguridad jurídica del que tanto pregonan. Una ley de apenas cinco artículos deja muchas incógnitas en torno a su reglamento, que será objeto de un menor debate público.
La ley es pensada por los latifundistas y, como si la Chiquitanía fuera el país, carece de sustento técnico para aplicarse en todo el territorio nacional. Su principal impulsor parece cabalgar mientras da órdenes a sus peones. Branko hace siempre lo que quiere, evade e ignora la ley, pero acude a ella para imponerse.
El Reglamento de Ética de la Cámara de Senadores le prohíbe proponer y participar en la aprobación de proyectos de ley que beneficien sus intereses personales. Sin embargo, Branko solicitó que el proyecto se repusiera a debate el 20 de noviembre de 2025. En las páginas sobre finanzas abunda información que lo vincula como principal accionista del Banco Económico. ¿No es esto acaso promover leyes en beneficio propio?
Los grupos Kuljis, Monasterios, Marinkovic, Zuazo, Bedoya y otros son accionistas mayoritarios en varios bancos: Ganadero, Económico, BNB, Mercantil, Bisa, entre otros. ¿Acaso no resultará la banca la mayor beneficiaria de esta ley, sin importar cuántos miles de campesinos caigan ni en qué manos terminen las tierras que antes fueron protegidas por el Estado? Por eso le creo a Branko cuando dice: «No hubo una leycita similar en los últimos cincuenta años». Sí, la ley de Branko se asemeja a las leyes inglesas de despojo campesino del siglo XVIII y a las de exvinculación de Bolivia.
